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El Juzgado Penal del II Circuito Judicial ordenó la medida cautelar de un embargo preventivo contra 16 funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), según se constata en el expediente 120000460615PE.
La Procuraduría General de la República (PGR) argumentó que el reclamo civil interpuesto por esta representación se da por el daño material o directo y el daño social causado por el grupo de funcionarios públicos.
Ellos, en razón de los puestos de jerarquía que ostentaban, procedieron a influir en la toma de decisiones con el fin de complacer a un pequeño grupo o sector sindical para obtener mejoras en los beneficios salariales, aprobando políticas excesivas en momentos en que la situación económica era crítica.
Además, tenían a su cargo la administración de los recursos del seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Aseguran que estas personas intervinieron y dirigieron su gestión en procura de un resultado negativo al interés público.
Los implicados en este proceso judicial son de apellidos López Vargas, Guardia Rodríguez, Picado Chacón, Garro Herrera, Montoya Murillo, González Castillo, Rojas Vega, Hernández Chacón, Acuña Ulate, Quesada Martínez, Ugarte Brenes, Doryan Garrón, Madrigal Mora, Cabezas Solera, Chávez Muñoz y Trejos Lobo.
El diputado independiente Dragos Dolanescu comentó que “ya están saliendo tantos casos de corrupción que en verdad tengo temor de que perdamos la capacidad de sorprendernos, la corrupción y los casos contra la ley no deben verse jamás como algo normal”.
El legislador afirma que hay que exigir honradez y honestidad, “no puede ser que una semana sí y otra también se descubran actos de supuesta corrupción”
Mientras que el diputado Erick Rodríguez dijo: “La Caja pierde una gran parte de los pleitos que mete, posiblemente estos funcionarios vayan a reaccionar contra la institución y al final van a tener que resarcir los daños, podría salir más caro el caldo que los huevos”.
Por su parte, el sector sindical celebra este proceso judicial. Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), aseveró que “no puede quedar nadie impune con relación a manejo incorrectos del IVM, es hora de que rindan cuentas en los tribunales porque una de las causas de la crisis financiera de Invalidez, Vejez y Muerte tiene que ver con las decisiones erróneas que causaron un grave perjuicio patrimonial”.
Además Luis Chavarría, representante de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca), dijo que están contentos con esto y esperan se investigue para que se sienten precedentes porque en la CCSS hay muchos más casos sin indagar.
Hicimos la consulta a la CCSS y la respuesta que obtuvimos fue “en este proceso la institución está apersonada como víctima. La resolución corresponde a la esfera privada de las personas señaladas”.