La inversionista Flora Fernández interpuso una denuncia este martes ante el Ministerio Público, en la que pide que la quiebra de Aldesa se declare como fraudulenta.
De acuerdo con el documento, del que DIARIO EXTRA tiene una copia, la Ley Concursal contempla la posibilidad de un concurso fraudulento cuando logra comprobarse que causó un perjuicio en masa o sobre los derechos de los acreedores.
Lo hizo a nombre Osmunda S.A. al aportar una copia de la sentencia 2022000190 del Juzgado Concursal. Fernández pide que se investigue si hubo sustracción u ocultamiento de bienes a la masa porque eso habría constituido una violación al principio de igualdad.
Expone que hay más de 645 acreedores e inversionistas apersonados al proceso y que se debe tener claro si se pudo dar una ventaja indebida a uno o más acreedores.
Otro punto que pide investigar es por qué la empresa habría presentado información contable presuntamente incompleta y si hubo documentación de las sociedades que el juzgado no conoció.
Fernández quiere que el Ministerio Público garantice el impedimento de salida del país, la inmovilización de bienes y propiedades, y el levantamiento del secreto bancario. Así lo expone en el documento.
Se piden acciones contra 11 personas, entre ellas Javier Chaves, presidente de Aldesa Corporación de Inversiones, y su hermano Óscar, así como otros hombres de apellidos Ulibarri, Montealegre, Guerrero y Artiñano, entre otros.
ES CULPA DEL 1%
DE LOS ACREEDORES
Por su parte, Chaves emitió un comunicado, en el que responsabiliza a Fernández y al abogado Ronny García de que prosperara la solicitud de liquidación, en lugar del convenio o plan remedial que este proponía para rescatar la empresa.
Dijo que ellos no representan ni el 1% de los acreedores, en perjuicio de más del 99%. Alegó que al ordenarse la liquidación no se da la oportunidad a los inversionistas de votar sobre la propuesta de pago.
“Al cambiar la propuesta por una liquidación, el Juzgado nombrará a un liquidador, quien deberá ‘subastar’ los activos en un plazo de tan solo seis meses.
Todos sabemos que salir a vender en estas condiciones, en vez de desarrollar esas propiedades como era nuestra propuesta, hará que se destruya severamente el valor de los activos, en perjuicio de los inversionistas”, recalcó.
INEXPLICABLE REMATE
DE MONTE DEL BARCO
Acusó al juzgado por inexplicablemente permitir el remate bancario sobre parte importante de terrenos del proyecto Monte del Barco, clave para el plan de recuperación.
“La regla es que solo se puede rematar una propiedad sometida a un convenio de acreedores si el remate es notificado antes de la apertura formal del convenio. En nuestro caso el convenio fue aprobado en julio del 2020, sin que constara en el expediente la convocatoria del remate, que se efectuó en febrero del 2021, es decir, fuera del plazo y en contraposición a lo que dicta la norma”, explicó.
A su criterio el juez debió preservar el patrimonio en beneficio de todos los acreedores y no favorecer a uno solo. Este remate dio como resultado un incremento en la razón del endeudamiento, la cual sobrepasó el 60% que permite la normativa aplicable a este tipo de fondos de inversión.
SORPRESIVA ACCIÓN
DE LA SUGEVAL
“Con esa medida se eliminaba la causal de intervención por parte de la Superintendencia General de Valores (Sugeval). Sorpresivamente, menos de 24 horas antes de la celebración de la asamblea que corregía el problema, María Lucía Fernández, la superintendente general de Valores, emitió la orden de suspenderla y una semana después la empresa fue intervenida por la misma causal, que se hubiera corregido de haberse podido celebrar dicha asamblea”, añadió Chaves.
Esta acción, según el empresario, vino a ser la forma en que la Sugeval quiso defenderse de su supuesto incumplimiento de deberes, en perjuicio de los intereses de todos los inversionistas.
Calificó de lamentable que los funcionarios de la Superintendencia General de Valores desoyeran las advertencias.
HACE TRES AÑOS
HABÍA ACTIVOS
De acuerdo con Chaves, cuando hace tres años Aldesa inició un proceso de convenio de acreedores para el pago ordenado de los pasivos la empresa tenía activos suficientes y una estrategia para confiar en que razonablemente podría cumplir con los inversionistas.
“Emprendimos esa ruta con buena fe y con datos que respaldaban la propuesta, seguros de que el desenlace no tenía que ser este que vemos ahora”, indicó.
Enfatizó en que Aldesa apelará esta resolución. “Durante estos tres años hemos dado la cara y realizado todas las gestiones legales para evitar este desenlace, que dista mucho del que planteamos cuando se inició la crisis financiera, pero las decisiones tomadas por autoridades desde fuera de la empresa, a las cuales siempre nos opusimos, imperaron en perjuicio de todos los inversionistas”, concluyó Chaves.
APELACIÓN NO SUSPENDE LIQUIDACIÓN
DIARIO EXTRA conversó con el abogado especialista en materia civil y concursal Sergio Artavia, quien dio sus apreciaciones sobre las novedades en el proceso.
¿Es posible apelar cuando hay un proceso de liquidación?
-La resolución del Juzgado Concursal tiene apelación, pero aunque apelen, la decisión de liquidación se tiene que ejecutar. Si después se revierte entra en un tema complicado porque reversar todo es muy difícil. El proceso de apelación puede durar seis meses en promedio.
¿Es correcto lo que señala el comunicado?
-Hay tres impresiones que se deben mencionar entre lo indicado por el señor Chaves. Las causas de la liquidación de Aldesa están claramente señaladas por la jueza, es falso que el remate se notificara antes de la presentación del convenio y el proceso de remate había iniciado antes, pero por una medida se hizo después.
¿Es correcto que decir que hubo un privilegio para acreedores?
-Dar a algunos inversionistas proyectos específicos de entidades no reguladas violenta el principio de igualdad de acreedores. Eso no se puede porque en el convenio todo entra como una sola masa.
OPINA
Javier Chaves
Presidente Aldesa
“La empresa tenía activos suficientes y una estrategia para confiar en que razonablemente podría cumplir con los inversionistas. Emprendimos esa ruta con buena fe y con datos que respaldaban la propuesta, seguros de que el desenlace no tenía que ser este que vemos ahora”.