Ante sospechas de la presencia del fungicida clorotalonil en 69 fuentes de agua en el norte de Cartago, el programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica (UCR) pide que se declare estado de emergencia en el sector.
De acuerdo con Mauricio Álvarez, docente del centro de estudio y ecologista, a pesar de que el uso del agroquímico fue prohibido en el país desde noviembre de 2023, puede permanecer en el manto freático (capas de agua en el subsuelo) por años, lo que genera un riesgo para la salud humana.
“El clorotalonil tiene una persistencia en el ambiente grande; de hecho, en lugares como Francia o Suiza se prohibió desde 2019 y sigue apareciendo en las muestras tomadas en las fuentes de agua”, manifestó el experto.
En marzo de este año, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) solicitó al Ministerio de Salud, por medio del oficio OF-0131-IA-2024, declarar estado de emergencia en las comunidades de Potrero Cerrado, Paso Ancho y Boquerón, al igual que en Cipreses, San Pablo, norte de Pacayas, San Rafael de Irazú, Buena Vista, Santa Rosa, Cot y San Juan de Chicuá.
Según indica el documento, cerca de 33.000 habitantes de la zona tienen exposición directa al agroquímico por la ingesta de agua. Además, a partir de octubre de 2022 se suspendió el servicio del agua potable en la Asada Cipreses, y desde entonces los vecinos dependen de camiones cisterna del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
SOLUCIÓN PROPUESTA
En caso de detectarse la presencia del químico en todos esos poblados, la entidad debería repartir el recurso por esa vía a las decenas de miles de personas que quedarían sin servicio directo, lo que también afectaría los centros médicos, instituciones educativas y comercios.
Por tal motivo, asegura Álvarez, la única forma de atender la situación sería a través de la reactivación del proyecto de la planta potabilizadora Orosi II, por medio del cual se pretendía incrementar la producción de agua en más de 2.500 litros por segundo, lo que abastecería a más de 600.000 habitantes de la Gran Área Metropolitana (GAM).
Para esta iniciativa, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó un préstamo de $399 millones (más de ¢207.000 millones al tipo de cambio actual) en 2020, sin embargo, el AyA perdió la oportunidad de utilizar los fondos debido a la falta de estudios técnicos.
“Gracias a Dios el crédito se desobligó, el AyA nos ha quedado mal durante los últimos años y conscientes de eso es que en mi administración nos estamos arrollando las mangas y haciendo las cosas diferentes. (…) El proyecto no está a un nivel de madurez que nos permita de una forma responsable salir a buscar financiamiento para su ejecución”, declaró en agosto anterior el presidente de la institución, Juan Manuel Quesada, ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa.
CAUSA CÁNCER
El clorotalonil fue declarado ente cancerígeno por la Unión Europea (UE) y prohibido en los países miembros en 2019 debido a la contaminación de sus metabolitos en aguas subterráneas.
Al respecto, el Ministerio de Salud indicó a través del oficio MS-DPRSA-0668-2022 que “la autoridad europea no pudo descartar un posible problema de genotoxicidad de los residuos a los que se verían expuestos los consumidores y detectó un alto riesgo para los anfibios y peces en todos los usos evaluados”.
Asimismo, el informe de Salud S22-23-04 muestra la presencia de 1,3-dicarbamoil 2,4,5,6-tetraclorobenceno en valores superiores a 0,1 microgramos por litro en cinco de las siete nacientes de la Asada Santa Rosa, conforme análisis del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional (UNA).
Desde 1997 fue clasificado como un probable cancerígeno por la Oficina de Programas de Pesticidas de la Agencia de Protección Ambiental del gobierno de Estados Unidos.
En abril del año pasado el medio de comunicación Deutsche Welle informó que Alemania rechazó la entrada de melones costarricenses contaminados con clorotalonil.
“La proporción del agroquímico hallada en la fruta que ingresó a Europa por los Países Bajos fue de 0,08 mg/kg, mientras que la cantidad permitida en la UE equivale a 0,01 mg/kg. Es decir, este superaba siete veces el límite establecido”, publicó el medio.
ANÁLISIS DEL AGUA
Desde el 1° de julio pasado autoridades del Ministerio de Salud al igual que del AyA iniciaron el análisis de 113 puntos de 69 nacientes en el norte de la provincia cartaginesa, en donde se recolectaron 226 muestras en un área cercana a las 8.500 hectáreas.
De acuerdo con la organización ambientalista EcoCipreses, los resultados ya se enviaron a los jerarcas de ambas instituciones, así como del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), y evidenciaron que todas las fuentes de agua tienen rastros del fungicida.
Ante consulta de DIARIO EXTRA, el presidente del AyA comentó: “Los análisis de laboratorio están siendo examinados por los técnicos en una comisión interinstitucional. Ese análisis se pondrá a disposición de las autoridades para determinar la ruta a seguir”.
Por su parte, la ministra de Salud, Mary Munive, manifestó: “Ya se recibieron los datos, pero las mesas técnicas se encuentran analizando la información para definir las acciones. En el momento en que tengamos todo listo, lo socializamos”.
De momento ninguna de las entidades respondió si está dentro de las posibilidades declarar emergencia en la zona y qué pasaría si se confirma que todas las fuentes de agua en la región están contaminadas con el agroquímico.
Además de Asada Cipreses, ya estaban clausuradas las de San Pablo y Santa Rosa, afectando alrededor de 10.000 personas.
Desde hace dos años está clausurada la Asada Cipreses, en Oreamuno, tras la detección de fungicida.
