La Defensoría de los Habitantes pidió cuentas al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) sobre la exportación de piña orgánica producida en San Carlos, pues se ha señalado que existen presuntas anomalías.
El órgano defensor procedió a la convocatoria a las autoridades del MAG y de la Cámara Nacional de Agricultura (Canagro) a un encuentro con la finalidad de conocer la investigación sobre dicho proceso.
Canagro denunció supuestas inconsistencias con respecto a la actuación del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) en la Dirección y Departamento de Acreditación y Registro en Agricultura Orgánica. Se solicitó específicamente que se proceda a la revisión de las acciones por realizar a 3 denuncias interpuestas entre el 2018 y 2019 ante el SFE.
Corresponde en detalle a dos denuncias administrativas interpuestas por la Cámara en relación con aparentes problemas en la operación de una agencia de certificación en agricultura orgánica y otra sobre dos empresas acreditadas por el Estado como operadoras orgánicas.
Catalina Crespo, defensora de los Habitantes, indicó que es necesario transparentar la información administrada por las instituciones y auxiliares en la función pública.
“Hay que ser conscientes sobre la importancia de que el Estado costarricense, por medio de su institucionalidad, pueda asegurarse que, en el desarrollo agrícola, en este caso la agricultura orgánica, se cumpla con los principios que la justifican y el ordenamiento jurídico vigente”, declaró la jerarca.
RECOMENDACIONES
La Defensoría de los Habitantes emitió una serie de recomendaciones tanto al SFE como al MAG para proceder a la atención de las denuncias.
El órgano defensor refutó la tesis del MAG de que ya se investigó el tema y no se puede reabrir, y señaló que es indispensable evaluar de oficio la legalidad de las resoluciones y actuaciones cuestionadas.
También instó a que se sienten las responsabilidades disciplinarias que en cada caso correspondan.
Al respecto, detallaron que la Auditoría del Ministerio elabora una valoración preliminar sobre las denuncias, por lo que la Defensoría se mantendrá vigilante de lo que al respecto se resuelva.
“En cuanto a la confidencialidad de la información en poder del SFE y de las agencias certificadoras, la Defensoría advierte sobre la necesidad de considerar la integralidad del ordenamiento jurídico nacional e internacional y la obligatoriedad de tener presente el principio constitucional de transparencia cuando se declara una información específica de carácter confidencial, lo cual resulta posible y válido únicamente por medio de una ley”, señaló la jerarca.
Con respecto a los procedimientos administrativos disciplinarios, dijo la Defensoría que los expedientes del SFE no se ajustan a las normas archivísticas.