El Sindicato de Ingenieros y Profesionales del ICE (Siice) emitió una carta de protesta, donde solicita a la administración que se anulen algunos de los acuerdos que quedaron en firmes del proceso de reestructuración de la institución.
Hay que recordar que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) planteó una propuesta para volver “más eficiente” el funcionamiento de la empresa, al cual llamó Evolución 2021.
“Para llevar adelante un proceso de esa envergadura, tal y como lo advirtió la División Jurídica del ICE, se requería mínimamente cumplir con un estudio significativo, una temporalidad razonable, la consulta a funcionarios y organizaciones sindicales, la aprobación por órganos competentes y mediante acuerdo debidamente motivado, así como la provisión y disponibilidad financiera para las erogaciones que el proceso implique”, cita el documento.
SITUACIÓN
Siice denuncia que el proceso en apariencia tendría vicios e irregularidades que podrían afectar a los trabajadores.
“Sería deseable que el Consejo (Administrativo) se cuestione la calidad de la información en su momento recibida, pues de una revisión objetiva del supuesto expediente administrativo, se advierte la carencia de estudios justificativos, que de cara a la operación (…) hubieran justificado la modificación de la estructura imperante”, alega el gremio en la misiva.
Según la propuesta original del instituto, una vez finalizado todo el proceso, el ICE podría tener ahorros por hasta ¢4.500 millones, sin embargo, la polémica no ha estado de lado.
Un grupo de sindicatos del Frente Interno de Trabajadores (FIT-ICE) en una anterior ocasión interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, donde solicitaron una medida cautelar para frenar el proceso, no obstante, la medida no prosperó.
Inclusive, en otra ocasión, el gremio había señalado que la reestructuración contemplaba la creación de más jefaturas, hecho que el ICE negó mediante su oficina de prensa.
¿ES NECESARIO?
Precisamente, esa es una de las preguntas que plantean los sindicatos, cuyo principal alegato es que el ICE no requiere un proceso de ese tipo.
“Los efectos provocados por la ausencia de una necesaria consulta a la clase trabajadora y a las agrupaciones sindicales han provocado, (…), la arbitraria promoción de prácticas discriminatorias del recurso humano, en contra de los fundamentos propios del Estado social y democrático de derecho, particularmente por la deliberada conculcación que la Administración ha producido en los principios de igualdad y no discriminación”, agrega el texto.
El sindicato menciona que como parte del proceso se abrieron varios concursos de plazas, sin embargo, critican que no todos los trabajadores pueden acceder a ellos por el cambio en los atestados que se acordó.
DENUNCIA
El sindicato menciona que el principal objetivo del documento que envía a la administración superior es que no se continúe con el proceso y se anulen los acuerdos.
“De mantenerse la apatía y falta de cumplimiento de sus obligaciones, proceda la Auditoría Interna del ICE a disponer, mediante ejercicios de sus competencias propias, a la inmediata interposición de las denuncias pertinentes, tanto ante el Ministerio Público, el Consejo de Gobierno, la Procuraduría de la Ética y la propia Contraloría General de la República, en contra de todos aquellos miembros del Consejo Directivo y la Gerencia General, para el establecimiento de las responsabilidades civiles”, acota la carta.
También piden que se conforme una mesa de trabajo donde se analice la propuesta de reestructuración y piden que la Procuraduría se pronuncie en contra del proceso para detenerlo.
EL PROCESO
Datos que el ICE proporcionó a este medio señalan que la reorganización reduciría en un 23% la cantidad de jefaturas que actualmente existen, además, ya se había aprobado la modificación de estructuras para cuatro de las cinco áreas de la institución donde se implementarían los cambios.
El proceso ya fue cuestionado inclusive en una ocasión por parte de la Procuraduría General de la República en junio de este año.
“Aplicar normativa que no está vigente para llevar a cabo una reorganización administrativa podría ir en contra de las exigencias de normas y principios de diverso rango, incluidos principios y precedentes en materia constitucional”, cita el pronunciamiento del abogado del Estado.