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Luego de que la solicitud de mayor seguridad para refugiados en Costa Rica se hizo pública tras la carta enviada el pasado 24 de junio por la Gran Confederación Opositora Nicaragüense (GCON), que agrupa a más de 25 organizaciones defensoras de derechos humanos y movimientos prodemocráticos, Diario Extra consultó al Gobierno su posición ante esta demanda.
A través de la oficina de prensa, Presidencia indicó que “el modelo de seguridad costarricense protege al 100% de la población que habita en el país, sin distinción entre nacionales y refugiados”.
Asimismo, recomendó que en caso de que refugiados sientan temor o consideren que su vida corre peligro, pueden acudir a la Unidad de Víctimas y Testigos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Además, detalló que mediante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), se les brinda colaboración para coordinar el servicio público de protección que ofrece el Poder Judicial costarricense.
En la misiva dirigida al Gobierno de Costa Rica, la GCON expresó su “profunda preocupación” por el ambiente de vulnerabilidad que enfrentan más de 194.000 solicitantes de asilo y 9.216 personas refugiadas de Nicaragua, según datos de ACNUR actualizados a marzo de 2025. Los exiliados denunciaron que, al menos, tres opositores nicaragüenses han sido asesinados en Costa Rica: Roberto Samcam, el pasado 19 de junio de 2025; Jaime Ortega Chavarría, el 28 de octubre de 2024; y Rodolfo Rojas, en junio de 2022.
Sobre células del régimen orteguista
La GCON exigió investigar la posible presencia de “células del régimen de Nicaragua” que operarían desde suelo costarricense para perseguir a disidentes políticos. Además, solicitaron garantizar un entorno seguro y respetuoso de los derechos humanos para quienes huyeron de Nicaragua por motivos políticos o religiosos.