Los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público solicitan a la Fiscalía que cuanto antes presente la acusación por el caso conocido mediáticamente como Asebanacio.
Esta es una de las recomendaciones incluidas en el informe de subcomisión relativa al expediente 21.579 porque para los legisladores los altos mandos del Banco Nacional (BN) tuvieron una actitud “omisa” respecto a lo que ocurría.
“Las autoridades de la institución no sólo no iniciaron la respectiva investigación, sino que no consta en el expediente que hubiesen puesto en conocimiento de las irregularidades detectadas a la Sugef.
Lo anterior se traduce en un accionar negligente por parte de las autoridades del Banco Nacional”, se extrae del texto.
El caso estalló en 2019, en momentos que el patrimonio de la Asociación Solidarista de Empleados del Banco Nacional (Asebanacio) ascendía a ¢84.000 millones y manejaba activos por ¢90.000 millones.
Lo que trascendió luego es que había préstamos a terceros, es decir, personas fuera del banco, que no eran asociados y comenzaba a hablarse de posibles pérdidas.
El informe, que se votó de manera unánime y afirmativo, señala que pudo darse una violación al artículo 14 de la Ley de Asociaciones Solidaristas porque se concluye que altos funcionarios del BN habrían desempeñado al mismo tiempo cargos en la junta directiva de Asebanacio.
QUIEREN QUE SEAN
SUPERVISADAS
A la entidad financiera se le solicita que realice las investigaciones disciplinarias correspondientes para determinar la posible responsabilidad de los funcionarios que participaron en la directiva de Asebanacio.
También se llama a sentar responsabilidades sobre otros funcionarios de la institución que habrían incurrido en alguna conducta omisa sobre sus deberes y obligaciones.
Un tema que está en la palestra y también aparece en este informe es que los diputados recomiendan reformar el artículo 117 de la Ley Nº.7558, Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica.
La intención es que las asociaciones solidaristas puedan ser fiscalizadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) porque, según este informe, algunas hacen intermediación financiera.
Asimismo, se recomienda que se cambien la Ley Nº.6970 de Asociaciones Solidaristas para introducir una prohibición legal expresa que imposibilite a las asociaciones solidaristas del sector público realizar negocios con la institución pública a la que pertenecen.