Tras ocho días de audiencias por el caso Azteca, en el cual están involucrados 24 funcionarios del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y 1 del Banco Nacional, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) pidió al juzgado 1 año de prisión preventiva como medida cautelar contra 13 de ellos.
Quienes deberán cumplir esta medida se apellidan Montaño Mosquera, Camelo Méndez, Segura Aguilar, García Jr., López Cobo, Guillén Sánchez, Fernández Vargas, Espinoza Carazo, Ávila Cortés, Arias Cordero, Acuña Rojas, Araya Araya y Villalobos Zúñiga.
Mientras que para los 12 imputados restantes, los cuales también son funcionarios del AyA, se solicitó suspensión del cargo, firmar una vez al mes e impedimento de salida del país.
Los empleados públicos son de apellidos Torres Hernández, Araya Ly, Fonseca Hernández, Calvo Chaves, Aguilar Jiménez, Corrales Casanova, Vindas Romero, Cordero Barrantes, Mora Guevara, Balcázar Ramírez, Ramírez Marín y Ulate Montoya.
Sin embargo, a pesar de que el juez solicitó las medidas y fueron aprobadas, el caso continúa en investigación, a la espera de las apelaciones de los defensores.
DELITOS
De acuerdo con la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, en este caso se investigan los delitos de posesión, almacenamiento, transporte y distribución internacional de drogas.
Para ese propósito la organización habría creado sociedades anónimas y tenía dos empresas constructoras, a través de las cuales se adjudicaba contratos públicos para legitimar productos financieros por medio del Estado.
Las autoridades tras una investigación determinaron que funcionarios de AyA facilitaban la adjudicación de licitaciones a las empresas del grupo criminal y en algunos casos propiciaban un sobrecosto de precios en los contratos, a cambio recibían un porcentaje del dinero a manera de pago.
Por ese motivo se realizaron los allanamientos hace poco más de una semana, los cuales tuvieron lugar en el Valle Central y Esparza, Puntarenas.
Mientras las medidas cautelares quedan en firme, los imputados deberán estar en prisión preventiva y permanecer en celdas judiciales.