Bogotá. (AFP) – El gobierno del presidente Gustavo Petro pactó el cese al fuego con los cinco principales grupos armados que operan en el país.
Las organizaciones son Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las Autodefensas de la Sierra Nevada.
Estos grupos suman más de 10.000 hombres armados, enfrentados en disputas por las rentas del narcotráfico y otros negocios ilegales, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
En el caso de las AGC es la mayor banda narco del país sudamericano. Por su parte, las Autodefensas de la Sierra Nevada están conformadas por remanentes de los paramilitares de extrema derecha que se desmovilizaron a principios de la década de 2000.
El acuerdo es desde enero hasta el 30 de junio de 2023, prorrogable según los avances en las negociaciones.
\”El cese bilateral del fuego obliga a las organizaciones armadas y al Estado a respetarlo. Habrá un mecanismo de verificación nacional e internacional\”, dijo el mandatario.
CAL Y ARENA
La representación de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica celebraron la medida.
\”Acogemos (el acto) con beneplácito (…) Es un acontecimiento que renueva las esperanzas de paz duradera del pueblo colombiano en el nuevo año\”, escribió en un comunicado el portavoz de ONU en Colombia, Stéphane Dujarric.
“Confiamos en que la adhesión a estos compromisos reducirá la violencia y el sufrimiento de las comunidades afectadas por el conflicto. Al mismo tiempo, el cese contribuirá a generar confianza en los diálogos en curso”, añadió.
No obstante, el partido opositor Centro Democrático, del expresidente ultraderechista Álvaro Uribe (2002-2010), califica la propuesta de \”paz total\”, de \”apología a la criminalidad y a la impunidad\”.
Durante años Uribe fue ligado a grupos paramilitares e incluso Pablo Hernán Sierra, alias \”Tuso Sierra\”, acusó al expresidente colombiano de ser el referente político de la organización armada ilegal que lideró varios fusilamientos y descuartizamientos en el país.
Andrés Forero, congresista de esta agrupación política, aseguró que \”el cese bilateral es una inaceptable claudicación del Estado ante los grupos armados ilegales\” y una decisión para \”atar de manos a la fuerza pública\”.