Entre abril y junio de este año
De acuerdo con la orden de allanamiento utilizada por el Ministerio Público para realizar los operativos en donde se detuvo al menos a ocho personas, entre funcionarios y exfuncionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), se registran tres llamadas de directivos de la institución con dirigentes de dos cooperativas vinculadas en el caso. “Como parte de las diligencias de investigación, se solicitó, ante la Unidad de Análisis Criminal del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), realizar un análisis de Rastreo Telefónico de los números asociados a la presente investigación”, indica el documento.
Asimismo, detalla que se efectuó una solicitud a cada una de las empresas proveedoras de servicios para el periodo del 1 de enero de 2023 al 24 de julio de 2024, con el fin de ejecutar el rastreo telefónico de los imputados, sin embargo, en la orden de allanamiento no se cita cuáles temas se trataron durante esas conversaciones.
Del informe judicial se desprende que una de las sospechosas de apellido Camareno conversó hasta por 26 minutos y 7 segundos con una persona de apellido Abellán de Coopesiba el pasado 12 de junio de este año.
También se detalla que otra persona identificada con el apellido Ferrero, de Coopesalud, mantuvo contacto telefónicamente durante tres minutos con el funcionario de apellido Loría el 12 de abril de 2024.
Cabe señalar que Loría no figura como imputado en el caso.
De igual manera, se observa otra conversación por teléfono entre Ferrero y Camareno el mismo 12 de junio, con una duración de 1.602 segundos, equivalentes a 26,7 minutos.
“Partiendo de lo anterior, de la investigación ha sido posible reunir una serie de elementos probatorios y principalmente indiciarios, que han permitido al Ministerio Público realizar la reconstrucción histórica preliminar de los hechos y arribar a un grado de probabilidad estimablemente alto, sobre la posible comisión de los delitos de Tráfico de influencias, Influencia en contra de la Hacienda Pública y Prevaricato”, dice el documento.
REACCIONES
Extra Noticias conversó con Alejandro Marín, abogado defensor de la imputada apellidada Camareno, para conocer cuáles fueron los motivos de dichas llamadas.
“Yo respondí ese tema a los periodistas. Ella es dirigente del cooperativismo a nivel nacional y tiene constante contacto con cooperativas de todo el país y sus dirigentes”, refirió el litigante.
Por su parte, Martha Rodríguez, dirigente sindical, explicó que la prohibición de reuniones entre los oferentes y los adjudicadores se fundamenta en la necesidad de mantener la imparcialidad y la objetividad de los procesos de contratación pública.
“Permitir tales reuniones podría comprometer la integridad del proceso y dar lugar a prácticas de corrupción, de conflictos de intereses o de tráfico de influencias, evitar esas situaciones se basa exclusivamente en criterios técnicos y económicos”, manifestó Rodríguez.
Asimismo, la líder gremial añadió que se debe garantizar la igualdad de oportunidades y el mejor uso de los fondos públicos, tal como lo establece la Ley General de Contratación Pública, en los principios y procedimientos que deben seguirse en el caso de licitaciones.
Y agregó que: “Esa ley en su artículo 7 establece o prohíbe expresamente cualquier tipo de comunicación o reunión entre los oferentes y el funcionario encargado de adjudicar los contratos”.
De igual manera, Rodríguez recordó que también la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública hace referencia en el articulado 9 sobre que los funcionarios deben abstenerse en participar en cualquier reunión o acto que pueda generar conflicto de intereses, corrupción o tráfico de influencias.
Este medio contactó a Coopesiba y Coopesalud, para conocer su reacción ante esta información, sin embargo, señalaron: “Tanto Abellán como Ferrero son imputados en la denuncia, debido a ello y por recomendación de los abogados no se pueden referir a nada relacionado con el proceso penal en marcha”.
Cabe señalar que se trató de conseguir declaraciones del funcionario de apellido Loría vía telefónica, sin embargo, al cierre de esta nota no recibimos respuesta.
IMPUTADOS SIN MEDIDAS
Este martes 1º de octubre, Marta Esquivel volvió a sus labores como presidenta ejecutiva de la CCSS luego de que finalizara la maratónica audiencia de medidas cautelares y que el juez encargado decidiera notificar por escrito las acciones a tomar en contra de los funcionarios y exfuncionarios.
La jerarca anunció estar “con más ganas que nunca de trabajar”, mientras espera la sentencia del juez por escrito.
“Respetuosa de lo que dictaminen las autoridades del Poder Judicial. Tengo clarísimo, después de haber sido jueza y magistrada de la Sala Constitucional, la importancia que tiene el Poder Judicial como uno de los bastiones de la democracia costarricense”, declaró la jerarca.
SOBRE EL CASO
El lunes 23 de setiembre, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) realizó 28 allanamientos, ante la denuncia de contratos con un supuesto sobreprecio de ¢12.400 millones para la administración de ebáis, por parte de cinco cooperativas.
Se realizaron ocho detenciones de integrantes de la junta directiva de la Caja, incluyendo a la presidenta ejecutiva de la institución, Marta Esquivel.
En el caso judicial, la Fiscalía indaga los delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.
También señala una presunta presión por parte de los directivos de la Caja para ceder la adjudicación a las cooperativas beneficiadas.
Sobre los contratos, la Contraloría General de la República (CGR) confirmó que se encontraban en firme, contrario a la versión del Gobierno.
