Pese a amenazas, ministro mantendrá medidas contra reos

Pese a haber recibido amenazas, Gerald Campos, ministro de Justicia y Paz, mantendrá las disposiciones sobre privados de libertad en el área de máxima seguridad del centro penal La Reforma. 

Campos, afirmó haber sido intimidado, aunque no quiso ahondar en el tema puesto que el tema está en manos de la Sección de Delitos Varios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Las restricciones implementadas por el Gobierno habrían generado presiones y advertencias contra Campos; sin embargo, afirmó que continuará con las acciones que se ejecutan desde hace más de una semana.

Familiares y allegados de los internos han realizado manifestaciones frente al penal, alegando posibles violaciones a los derechos fundamentales.

El Ministerio anunció la limitación de las visitas generales, la reducción de encuentros conyugales, una disminución en la cantidad de alimentos semanales y menos tiempo para llamadas telefónicas.

Estas medidas provocaron que numerosos internos en La Reforma se declararan en huelga de hambre. Sin embargo, las autoridades aseguran que únicamente alrededor de mil personas participan en la protesta.

“El mensaje es claro: estamos recuperando el control de los centros carcelarios. Han surgido múltiples cuestionamientos de quienes siempre critican; ya se han interpuesto recursos de amparo”, expresó Campos.

La Sala Constitucional confirmó a este medio que ha tramitado cuatro recursos relacionados con supuestas afectaciones a los derechos de los reclusos, presentados tanto por sus familiares como por ellos mismos.

Hasta 3 parejas

Campos señaló que algunos reos recibían hasta tres parejas distintas en visitas íntimas, y que ciertas mujeres visitaban a varios internos.

“Por eso establecimos estas restricciones. No vamos a tolerar más permisividades, ni encomiendas ni ingresos indebidos en las cárceles”, añadió.

Celulares en centros penitenciarios

Campos también confirmó que ya firmó la normativa que penaliza el ingreso de teléfonos celulares a las prisiones, según lo anunció en la conferencia posterior al Consejo de Gobierno.

“La ley ya es oficial: ingresar celulares a los centros penitenciarios constituye un delito. Continuamos trabajando con nuestros equipos y la Policía Penitenciaria para hacerla cumplir”, explicó.

La nueva legislación contempla penas de dos a cuatro años de prisión para quienes intenten introducir estos dispositivos en las cárceles.

Además, la sanción podrá aumentar en un tercio si el infractor es un abogado en ejercicio o un funcionario con acceso autorizado a los pabellones.