El Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) tiene 4 meses para desarrollar un estudio técnico-ambiental que determine la viabilidad de la pesca sostenible de camarón.
Así lo determinó el Tribunal de Apelaciones del Contencioso Administrativo, e indicó que el plazo comenzaría una vez notificada la entidad.
La resolución es de mediados de julio y establece que se deben tener las conclusiones para poder comunicarlas a la Asamblea Legislativa “con vistas a la regulación legal de la temática”.
Todo esto parte de una medida cautelar solicitada por el abogado José Pablo Badilla. El caso se maneja bajo el expediente N°17-001929-1027-CA.
El jurista señaló que representa a todos los actores en este proceso. “Para nosotros es un gran triunfo. Logramos una sentencia que emplaza formalmente al Incopesca para que pueda cumplir con su labor. Es un triunfo para la pesquería responsable”, añadió.
Los pescadores tenían meses pidiendo a Incopesca que hiciera una investigación, pero no habían logrado resultados.
Si todo transcurriera con normalidad, el estudio debería estar listo a más tardar en noviembre próximo.
Hace pocas semanas, un grupo de 160 pescadores vinieron desde Puntarenas a protestar a Contencioso, debido a que, con la suspensión de la actividad, se quedaron sin la posibilidad de llevar comida a la mesa.
En ese momento, manifestaron que la pesca de camarón es necesaria para reactivar la economía en Puntarenas, muchos de ellos están a punto de perder sus casas.
A su criterio, la actividad puede ser sustentable siempre y cuando se cumplan las 26 regulaciones que el ente rector, que es Incopesca, está indicando. Es por eso que no entienden por qué eliminar la pesquería.
El Tribunal advierte que, en caso de incumplimiento del instituto, las personas responsables podrán ser juzgadas por el delito de desobediencia a la autoridad, sin perjuicio de otras responsabilidades de orden civil o administrativo.
A parte de los pescadores, forman parte del proceso los diputados Melvin Núñez y Franggi Nicolás, así como Maylor Calderón, y el alcalde de Puntarenas, Randall Chavarría.
De momento, no se definió nada acerca de la prórroga o renovación de las licencias pesqueras.
La Sala Constitucional declaró en marzo anterior la inconstitucionalidad en la pesca de arrastre del camarón.
Sin embargo, es probable que con los estudios técnicos se pueda retomar la actividad mediante un nuevo proyecto de ley que incorpore los aspectos de sostenibilidad ambiental.