Pescadores denuncian penalmente a Alvarado y ministro del MAG

Pescadores artesanales de Puntarenas y de Quepos presentaron una denuncia penal contra el presidente de la República Carlos Alvarado; el ministro de Agricultura Renato Alvarado; la jefa de despacho de este ministerio Ana María Conejo; y contra el expresidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), Moisés Mug; todos por el supuesto delito […]

Pescadores artesanales de Puntarenas y de Quepos presentaron una denuncia penal contra el presidente de la República Carlos Alvarado; el ministro de Agricultura Renato Alvarado; la jefa de despacho de este ministerio Ana María Conejo; y contra el expresidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), Moisés Mug; todos por el supuesto delito de prevaricato.

La denuncia la firman representantes de la Cámara de Pescadores Artesanales de Puntarenas, la Cámara de Pescadores de Quepos y la Cámara Nacional de la Industria Palangrera.

Les atribuyen a estos funcionarios, la responsabilidad en la firma y publicación de un decreto ejecutivo, en marzo de 2019, que insisten no contó con fundamento jurídico ni técnico para establecer la subasta pública como la nueva metodología de venta de las licencias para la pesca de atún por parte de las embarcaciones cerqueras de bandera extranjera.

Este cambio de metodología habría causado pérdidas millonarias al país, ya que durante todo el 2019 Incopesca no generó ningún ingreso, pues no logró vender ninguna licencia. En el 2018 entregó a flotas internacionales 12 licencias de pesca. Cuatro fueron pagadas y ocho regaladas. Esto generó ingresos por alrededor de $153.000.

 

NO SE CONSULTÓ

 

Según explicó Mauricio González, vocero del Sector Pesquero Nacional, el decreto fue promulgado sin antes ser consultado ante la junta directiva del Incopesca, siendo esta instancia el ente rector en la materia. 

En la denuncia penal se demanda al presidente Alvarado y al ministro del MAG porque fueron ellos quienes firmaron el decreto que no contaba con sustento técnico ni legal.   

González indicó que se incluye en la denuncia al expresidente ejecutivo de Incopesca, Moisés Mug, quien dirigía la institución en ese momento y no consultó la metodología a la junta directiva como era su deber. 

Asimismo, a la asesora del MAG, Ana María Conejo, quien en esta administración fue la coordinadora de la Comisión Técnica que acordó el cambio en la metodología de venta de licencias para captura de atún con cerco.

En la demanda presentada ante el Ministerio Público los representantes del sector pesquero argumentan que “la funcionaria Ana María Conejo, en apariencia recomendó la implementación de la medida sin que se supiera si el modelo resultaría o no viable”. “Lo peor de esta situación es que tras haber anunciado con bombos y platillos esta medida en marzo del 2019, un año después, el 4 de febrero del 2020 el MAG publicó un nuevo decreto donde derogaba la metodología de subastas. En el mismo decreto se indica que los estudios técnicos fueron realizados de forma posterior a la implementación de la medida, y que estos revelaron que la misma no era viable”, indicó González. “Esto nos confirma que la medida de vender licencias mediante el método de la subasta no contaba ni con una viabilidad técnica ni legal. Esto nos parece una improvisación total con costos financieros para el Estado”, agregó el representante del Sector Pesquero Nacional.

Sobre estos mismos hechos, a finales de mayo la Sala Constitucional acogió para estudio un recurso de amparo en el que la Cámara de la Industria Palangrera reclamaba que el Ministerio de Agricultura había hecho caso omiso a sus solicitudes de información sobre este tema.

 

 

Melvin Núñez Piña

Diputado Restauración

 

“Es una denuncia por la inacción y el nivel de frustración que el sector pesquero está viviendo y aseguro que el sector agrícola está igual. Tenemos un ministro del MAG que no ayuda al presidente, se habla de cosas, pero pocas se ejecutan. Hay poco trabajo y provincias como Limón, Puntarenas y Guanacaste paralizadas y siguen pidiendo impuestos. Ellos agotaron todo el diálogo, en Casa Presidencial costó que les atendieran y en las mesas de negociación les mintieron, esto era de esperarse”.

 

Código Penal artículo 350: Prevaricato

 

Se impondrá prisión de dos a seis años al funcionario judicial o administrativo que dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos.