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La cantidad de personas en situación de calle en Costa Rica casi se duplicó en los últimos ocho años, según estimaciones del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), una situación que llevó al Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica (COLTRAS) a solicitar una respuesta nacional ante lo que califica como una emergencia.
De acuerdo con los datos del IMAS, en setiembre de 2025 se contabilizaban 7.133 personas en situación de calle, mientras que en 2018 la cifra era de aproximadamente 3.700.
El COLTRAS advierte que los registros oficiales podrían estar por debajo de la magnitud real del problema y señala que la situación se agravó después de la pandemia y se ha extendido a nuevos sectores de la capital.
A esta realidad se suma el riesgo provocado por la actual temporada de ondas tropicales. Las personas que duermen a la intemperie quedan expuestas durante períodos prolongados a la lluvia y el frío, además del peligro de buscar refugio cerca de ríos, quebradas o sistemas de alcantarillado.
“La condición de las personas en situación de calle no puede tratarse únicamente como un problema de orden público, porque es, ante todo, una condición que compromete derechos humanos básicos como vivienda, salud, alimentación, integridad, dignidad, y que se agudiza en cada episodio de lluvias intensas”, señaló la Dra. Mariangel Sánchez Alvarado, de la Unidad de Investigación del Colegio de Trabajadores Sociales.
El Colegio también advierte sobre hechos de violencia que afectan a esta población, así como riesgos para la salud pública, la seguridad de las comunidades y los comercios cercanos.
Para el COLTRAS, la atención debe darse desde un enfoque de derechos humanos y no punitivo, con acciones que permitan atender necesidades de salud, vivienda e inclusión social.
“Se trata de abordar esta realidad desde un enfoque de derechos humanos, no punitivo ni estigmatizante, que priorice salud, vivienda y la inclusión social”, enfatizó Sánchez.
El Colegio considera necesario que las organizaciones sociales y comunitarias con experiencia en el trabajo de calle participen en la respuesta, junto con instituciones como el IMAS, la CCSS, la Comisión Nacional de Emergencias, el IAFA y las municipalidades.
Además, solicita que estas entidades cuenten con recursos suficientes y estables para evitar que los recortes presupuestarios afecten los servicios dirigidos a esta población.

