Si bien la pandemia nos sorprendió a todos, cuando las cosas se hacen a la carrera definitivamente salen mal. Con esto nos referimos a lo que nos vendió el Gobierno como Bono Proteger, iniciativa a la cual pintaron como la salvación económica para muchas de las familias que la estaban pasando mal porque se quedaron sin trabajo, a algunas otras les rebajaron el salario y otras de un pronto a otro vieron cómo su manera de ganarse la vida se vio disminuida o vetada porque conllevaba el contacto con otras personas.
Es realmente preocupante que un año después de haber empezado a entregar estos bonos aún la Administración no ha podido recuperar ¢437 millones del dinero que se suponía iba a servir para paliar las necesidades de las familias que estaban en aprietos económicos.
El problema es que, por realizar las cosas en carrera y de buena fe, o por lo menos eso esperamos, algunos aprovechados se postularon para recibir el dinero sin haber tenido afectación, incluso presos y hasta personas que nunca en la vida habían trabajado, que no debieron recibir un cinco, hicieron filita para poner la mano.
El propio Gobierno reconoció que se habría dado dinero a privados de libertad, funcionarios públicos, menores de edad y hasta a adultos mayores que reciben pensión.
Por muchos casos recibidos acá en DIARIO EXTRA, y algunos otros que nos dimos a la tarea de investigar, pareciera que nadie se tomó la molestia de verificar si todos los que pidieron recibir dicho bono lo ocupaban.
Hasta se sabe de gente que lo pidió y lo usó para pasear, comprarse ropa y hasta para remodelar la casa, porque el colmo es conocer que hasta algunos empleados públicos que no sufrieron ni una sola afectación se sirvieron con cuchara grande quitándole recursos a quienes en realidad los necesitaban.
Entonces, después de un año y varios meses, no entendemos para qué pidieron tantos datos si al parecer quienes solicitaron la ayuda y no debían optar por ella ahora son ilocalizables y casi que se da este dinero como irrecuperable.
O nos preguntamos entonces si será parte de una falta de voluntad política y prefieren dejar esos milloncillos a fondo para que la gente piense que todos en este Gobierno son muy buena gente.
Porque, algunos ciudadanos conscientes de que no lo merecían o no lo ocupaban, ya devolvieron ¢32,6 millones, esto sin lugar a dudas habla de que se trataría de personas con algunos valores o que les dio miedo que los acusaran por un delito.
Es muy lamentable pensar que con este dinero mal entregado se pudo haber ayudado a casi 4 mil familias más, porque también de buena fuente conocemos casos en que a pesar de que todos los miembros de un núcleo familiar se quedaron sin trabajo o les rebajaron sus jornadas no recibieron un solo cinco.
Si bien los funcionarios del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) hicieron su esfuerzo para que los más golpeados tuvieran pronto sus recursos, eso no es justificación para la prueba-error que realizaron en los procesos de depósito.
Cuando vemos este tipo de situaciones no queda más que darle la razón a la Contraloría General de la República, pues en varias ocasiones ha denunciado una serie de anomalías con esto de la entrega del Bono Proteger y todos aquellos que se hacen los indignados cuando les toca dar la cara, porque al parecer les quedó grande el puesto y no supieron hacer las cosas.
Los recursos del Estado no se pueden manejar como si no fueran de nadie, alguien debería de hacerse responsable y no solo tirarse la bola o esperar a que algunos se dignen a tener vergüenza para devolver el dinero que no les correspondía.