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La Fiscalía Adjunta de Género (FAG) informó que un periodista de apellido Contreras está siendo investigado por los presuntos delitos de tenencia de pornografía infantil y producción de material audiovisual.
Esto se da luego del decomiso de 2 celulares en la Asamblea Legislativa en octubre de 2024.
El Ministerio Público confirmó a Diario Extra que el caso se gestionaba inicialmente en la Unidad de Trámite Rápido en San José, pero luego se revelaron nuevos hechos delictivos, por lo que ahora serán conocidos por la Fiscalía especializada en Género.
“Actualmente, el caso se tramita por los delitos de producción de material audiovisual (artículo 175 quinquies) y tenencia de material pornográfico (numeral 173 bis), este último, en perjuicios de personas menores de edad.
El despacho confirmó que, el 4 de marzo, con la orden del Juzgado Penal de San José, se realizó la apertura de evidencia de dos celulares, los cuales fueron decomisados a Contreras, el 10 de octubre del 2024. Sin embargo, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal, no es posible revelar el resultado de esa diligencias”, indicó la Fiscalía.
La Fiscalía detalló que los delitos investigados son:
Artículo 173 bis / Tenencia de material pornográfico: Será sancionado con pena de prisión de uno a cuatro años, quien posea material pornográfico infantil.
Artículo 175 quinquies / Producción de material audiovisual:
Quien, en un espacio público, de acceso público o en un medio de transporte remunerado de personas, grabe, capte o produzca material de audio, visual o audiovisual con connotación sexual de otra persona, sin su consentimiento, será reprimido con una pena de prisión de diez meses a dieciocho meses o de treinta a cuarenta y cinco días multa, siempre que la conducta no constituya un delito con mayor pena de prisión.
La pena será de dieciocho meses a tres años de prisión o de cuarenta y cinco a sesenta días multa, en caso de que dicho material fuera enviado, mostrado o transmitido a una tercera persona, con fines de lucro o no, siempre que la conducta no constituya un delito con mayor pena de prisión.
El caso se remonta a octubre del 2024, cuando el periodista fue abordado por escoltas de la Fiscalía General por una serie de fotografías que tomaba en la Asamblea Legislativa, al parecer a la jefa de prensa del Ministerio Público.
El caso fue mediático e incluso por este se presentaron recursos en la Sala Constitucional.
Tras consulta a Contreras, confirmó la causa y aseguró que está colaborando para que se aclare que es un mal entendido.
“Sí, se abrió una causa por procedimiento, yo estoy colaborando para que se aclare que es un mal entendido, y así se va a demostrar.
Estamos esperando el resultado de la revisión del teléfono para acreditar que lo dicho por el oficial del OIJ es incorrecto. Estoy seguro que pronto se va a aclarar.
Es lo único que puedo indicar por el momento, seguimos a la espera del avance del caso”, afirmó.
