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Una propuesta de ley busca que el Estado le perdone una deuda de más de ¢1.600 millones a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
La iniciativa fue presentada por Yonder Salas, del Partido Nueva República, junto a otros diputados de los Partidos Unidad Social Cristiana, el oficialista Progreso Social Democrático, Frente Amplio y Liberación Nacional.
En concreto, los legisladores quieren que las instituciones del sector público no financiero que transfirieron recursos económicos a Japdeva, le perdonen las deudas por capital e intereses corrientes.
Dichas instituciones fueron: el Ministerio de Hacienda, el Instituto de Desarrollo Rural y el Consejo de Seguridad Vial.
De acuerdo con Salas, a raíz de la entrada en vigor de los servicios portuarios concesionados, Japdeva tiene un desequilibrio económico en sus estados financieros, por lo que se debería considerar una condonación.
“Japdeva tuvo que solicitar un endeudamiento para enfrentar su crisis financiera en medio del periodo pandémico (…). La importancia de que las instituciones del Estado condonen la deuda radica en garantizar la continuidad y la función pública, evita a todas luces un monopolio portuario en el Caribe costarricense, además, de garantizar la promoción del desarrollo socioeconómico de la provincia y salvaguardar el patrimonio y bienes demaniales del Estado costarricense en posesión de Japdeva”, añade.
NÚMEROS ROJOS
Estimaciones señalan que Japdeva tuvo que endeudarse con otras instituciones del Estado por contar con números rojos.
Así, se presentó una disminución de ¢90.935.753 por concepto de servicios asociados a la actividad de cruceros (cánones artesanos, buses y taxis) junto con un decrecimiento del 56,67% en el arribo de cruceros.
Como si fuera poco, se presentó una disminución del 61,53% en relación con pasajeros y ¢706.683.658 menos en servicios de atención a las naves.
A todo lo anterior, se suma un decrecimiento de ¢260.227.726 por concepto de pasajeros en tránsito que ha afectado a la institución.
“Las citadas disminuciones, según las proyecciones de Japdeva, para el periodo 2019 – 2022, son significativas, hablamos de una disminución que en suma son, aproximadamente, ¢1.600 millones y aún, con dicha disminución, la institución en ese lapso temporal de pandemia no dejó sus deberes ni funciones que emanan por Ley”, agrega el texto.
Salas considera que, en caso de que Japdeva devuelva los recursos, lo expone a un riesgo del principio de negocio en marcha e, incluso, expone su estabilidad financiera.
“La Ley indica que ninguna institución podrá transferir recursos, cuando este acto perjudique o ponga en riesgo, de manera directa, sus propias funciones. Japdeva, en este momento, se encuentra en la búsqueda del equilibrio financiero.
Aún la estabilidad financiera no está consolidada y de proceder con los pagos llevaría a una nueva crisis a la institución que ha prestado, presta y busca seguir prestando de manera continua los servicios portuarios que permite la atención de mercancías que no son atendidas en la Terminal de Contenedores de Moín como parte del contrato de concesión blindada por el Estado”, concluyó.