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CONSULTA: Una persona que tiene 53 años, no tiene las cuotas y está recibiendo pensión por invalidez, pero labora y hace diligencias legales como cualquier persona normal. La denuncia está puesta en la Gerencia de Pensiones, trámites, con dirección, lugar y horas de trabajo y no hacen nada para impedir estas cosas deshonestas.
Pregunto ¿qué ley o artículo se están violando en la Caja por incumplimiento de deberes en la función pública? ¿Qué se puede hacer porque por estas cosas es que la Caja está quebrando y hay otras personas que sí merecen esta pensión y no les dan?
RESPUESTA: Si existe una tradición clara en la jurisprudencia administrativa de la Caja Costarricense de Seguro Social es que los controles sobre incapacidad de las personas para trabajar y acceder a una pensión de retiro son hartamente estrictos. Lo son tanto que lindan en lo ilógico y esa es la razón por la que la mayoría de los litigios judiciales para reclamar una pensión por invalidez son ganados por los trabajadores.
Los exámenes para determinar la capacidad física o intelectual de una persona, con la posibilidad de que sea declarada con una incapacidad de un 65% que le permite pensionarse, se hacen internamente en vía administrativa por la Caja. Pero cuando la solicitud de pensión se rechaza, el ciudadano tiene la facultad de recurrir ante un Juzgado de Trabajo.
Este despacho se auxilia con los exámenes del Organismo de Investigación Judicial, en su sección médica, y dictamina si existe la incapacidad para que el juzgado otorgue la pensión.
La solicitud de investigación es apropiada para cualquier persona que tenga dudas sobre la utilización de los fondos de Garantías Sociales en forma indebida. Pero es la Gerencia de Pensiones de la Caja la que diga la última palabra y se pueda calificar de correcta o deshonesta la actuación de un ciudadano o algún funcionario. El manejo de una planilla tan grande, a cargo de la Caja Costarricense de Seguro Social, impide soluciones a mediano plazo y su duración promedio es de dos años.