Los funcionarios judiciales Ingrid Moya Aguilar y Carlos A. Montero Zúñiga explican en esta entrevista cuál es la realidad del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial (FJPPJ). Ambos son miembros de la junta administradora que se creó con la Ley que el Congreso aprobó en 2018 para modificar el manejo de las pensiones judiciales. Señalan además que existen diferencias con la Superintendencia de Pensiones (Supen) que insiste en aplicarles un modelo diferente para proyectar los rendimientos a futuro.
¿Cuál es la realidad del Fondo hoy, luego de un año de trabajo de la Junta?
-Ingrid Moya: El FJPPJ fue creado el 9 de junio de 1939, por lo que este año cumple 82 años siendo el más antiguo. Desde el momento de su creación, le correspondió a la Corte Plena y al Consejo Superior su administración, hasta el momento de promulgación de su última reforma mediante la Ley 9544 (en mayo 2018), su administración se desconcentra de la Corte Plena, para ser asumida por un nuevo órgano creado por esta ley: la Junta Administradora del Fondo. Este nuevo órgano colegiado fue juramentado el 27 de enero de 2020, fecha a partir de la cual inicia funciones.
-Carlos Montero: Nosotros somos un fondo en marcha que crea reserva para garantizar pensiones, pero además soportamos pagos, con una planilla de ¢7.800 millones por mes que se produce todos los meses para no tocar las reservas.
¿Quién integra la junta administradora?
-Ingrid Moya: Esta junta está constituida por seis propietarios y seis suplentes, tres elegidas por el colectivo judicial y tres por la Corte Plena. Cabe señalar que los compañeros no recibimos ni una dieta, ni pago por administrar el Fondo. El FJPPJ es un régimen del primer pilar, de beneficio definido y capitalización colectiva, sustituto del régimen del IVM. Es de adscripción obligatoria para todas las personas funcionarias de la Corte Suprema de Justicia y Poder Judicial.
-Carlos Montero: Los seis compañeros titulares y los seis suplentes estamos ad honorem, ni el café nos pagamos con dinero de la Junta y esto lo hacemos fuera de las horas de oficina y aunque es feo decirlo, porque cuando nos pidieron ayudar con esto, tuvimos que mandar nuestros atestados a la Supen para que lo revisaran y ver si cumplíamos con los requisitos, es decir, son personas con un perfil profesional alto, con experiencia en mercado de valores en manejo de fondos y lo hacemos gratis.
¿Hay una duda sobre la naturaleza jurídica de los integrantes de la Junta?
-Ingrid Moya: Sí, en julio pasado se le hizo una consulta a la Procuraduría sobre la naturaleza jurídica de la Junta y su relación con el Poder Judicial. No tenemos claro el aparato administrativo que va a trabajar con nosotros, si son empleados públicos, si lo son pero contratados con un régimen diferente al Poder Judicial, si van a cotizar al mismo Fondo o la Caja, como sucede en Jupema.
¿Esto impide la contratación de personal para la Junta?
-Ingrid Moya: Sí, porque no sabemos en qué condiciones estarían. Actualmente hay un convenio con la Corte para que los compañeros continúen ayudando con esas labores en este periodo de transición. Si bien hay un artículo en la Ley 9544 (artículo 239) que dice que la Junta Administradora es un órgano del Poder Judicial, la Supen nos ha dicho que tenemos que contratar personal, incluso un gerente del Fondo. Entonces, ocupamos tener claro el panorama de qué somos y hacia dónde vamos.
-Carlos Montero: Estamos administrando ahora más de $1.000 millones y cualquier duda pues cae en nosotros. Si las cosas salen bien, nos dirán qué bueno, pero si salen mal, nos ponen una denuncia, es un tema complicado.
Ustedes pagan ahora un canon a Supen, ¿de cuánto es?
-Ingrid Moya: Es un monto que se determina de acuerdo con los ingresos de la Junta, por año se hace una certificación de los ingresos y con base en los gastos se saca un porcentaje. Supen usa esos recursos para el funcionamiento interno. Hace mucho tiempo la Supen nos quería cobrar esto, antes les decíamos que no éramos fiscalizados, pero ahora con la Ley somos fiscalizados por ellos. El último pago fue de ¢1,8 millones.
¿Este canon requirió un aumento en la cuota que pagan los funcionarios?
-Carlos Montero: Sí, antes los funcionarios judiciales pagaban el 11%, ahora el 13%, solo para el Fondo, y aparte un 0,5% más para la administración. Es decir, la reforma del 2018 le costó un 2,5% más de aporte a cada empleado judicial y también a cada jubilado y pensionado, ya que ellos siguen cotizando en el Fondo.
Si priva el criterio de Supen, ¿cómo financiarán ese personal nuevo?
-Carlos Montero: Se ocuparía pagar una planilla bastante onerosa y que según los cálculos que hemos hecho, no alcanzaría pagar con ese 0,5%. Ahorita tenemos ahorros, pero si tenemos que asumir toda la planilla, suponemos que tendríamos que subir esa contribución a por lo menos el 1,5%, que sería muy alto para los funcionarios.
¿Qué tipo de personal se debería contratar?
-Carlos Montero: Todo, el área de inversiones, de riesgos, los comités, auditoría, área financiera. Hablamos de por lo menos 23 personas, y aún no sabemos si serían empleados judiciales o son solo empleados públicos o son empleados privados. Y buscar un edificio dónde van a trabajar.
¿Cuánto podría ser el costo?
-Ingrid Moya: Tenemos la contratación de una asesoría organizacional especializada y estamos analizando diferentes escenarios de planillas considerando regímenes y operadoras, pero puede llegar hasta ¢180 millones por mes solo la planilla. Hoy el ingreso del 0,5% de la administración de la Junta generan ¢140 millones por mes, escoger un escenario de planilla medio digamos de ¢120 millones, nos quedarían sólo ¢20 millones, para comprar equipos, suministros, alquilar un local, pagar seguridad, pagar servicios públicos, o pagar el sistema para el pago de planillas y jubilaciones que son montos millonarios.
¿El Fondo puede prestar recursos?
-Ingrid Moya: Sí, a instituciones financieras como bancos del Estado, asociaciones solidaristas o cooperativas siempre y cuando estén supervisadas por Sugef, eso no pasaba antes y también al Poder Judicial para construcción de edificios y remodelaciones. Hoy no hay ningún crédito aún.
¿Y pueden hacer préstamos personales?
-Carlos Montero: No, la ley no lo permite, tiene que ser a través de una asociación solidarista por ejemplo y que ellos les presten a sus afiliados. El problema es que solo los asociados tendrían derecho a los créditos y es un problema porque estaríamos limitando los recursos, estamos buscando un proceso para ver si se puede hacer por medio de un banco para que sea más abierto, porque el derecho a crédito es de los funcionarios activos como los jubilados y pensionados, en total unas 18 mil personas.
¿Y las inversiones cómo se definen?
-Carlos Montero: La Supen establece para todos los fondos de pensiones un 80% en instituciones del Estado y 20% en bancos privados y permite invertir en el exterior.
¿Cuáles son las reservas del Fondo hoy?
-Carlos Montero: Estamos hablando que la reservas hoy son poco más de ¢645 mil millones, que la idea es no tocarlo y que el Fondo genere los suficiente para pagar la planilla mes a mes sin tocar la reserva. Entonces los ¢7.800 millones que se pagan mes a mes salen de los aportes que hacemos todos, más los rendimientos que genera la reserva. Y esto se ha logrado de buena forma, al punto que se ha generado excedentes en las reservas.
¿Cuál es la diferencia entre jubilados y pensionados?
-Carlos Montero: Para el país toda la gente que deje de trabajar y se va con una pensión le llamamos pensionados, en el Poder Judicial la ley hizo una distinción y dice que los empleados judiciales que dejan de trabajar y se van a la casa con una pensión se les llama jubilados, y cuando un jubilado fallece y la pensión la hereda la esposa o los hijos, a ellos se les llama pensionados. Es decir, son los herederos de la pensión.
¿Cuál es el monto real de las pensiones más altas del Poder Judicial?
-Carlos Montero: Hay un caso donde en el papel se habla de ¢10 millones, pero luego de todas las reducciones que se le hacen, lo que se le deposita en la cuenta son ¢4 millones. Y a partir del año 2018 cuando alguien se pensione en el Poder Judicial, no importa que gane ¢10 millones, cuando se jubile el tope de su jubilación será de ¢4.600.000, sin los rebajos, es decir hay que comenzar a rebajar: la renta hasta un 25%, el 13,5% que van al Fondo y Junta, más 5% de la CCSS, hablamos de un 43%, le queda poquito más de la mitad.
¿Da el Poder Judicial pensiones de lujo?
-Carlos Montero: Yo creo que no, sí queremos un régimen absolutamente justo donde usted se lleva lo que cotizó como el FCL o el ROP, pero cuando hablamos del sistema de pensiones bajo el modelo de solidaridad, entonces el que gana más aporta un poco más para ayudar al que gane menos, sino que también hay una solidaridad intergeneracional. Yo diría que los que tienen salarios altos sí aportan para su pensión y que los que ganan menos no aportan lo suficiente, pero como es una sola masa unos ayudan a otros.
¿Cómo están los rendimientos del fondo?
-Carlos Montero: La Supen exige que los estudios actuariales trabajen con tres escenarios: el pesimista, el normal y el optimista, con tasas del 2%, del 3 y del 4%. El último estudio actuarial del 2020 definió una tasa mínima del 4,90%. En los últimos cinco años estuvo en 6,30% y en los últimos tres 6,67%, muy por encima, lo que nos da una enorme solvencia, generando como ¢20 mil millones más de lo que exige el estudio actual.
¿Esa garantía de solvencia está proyectada hasta qué año?
-Carlos Montero: El último estudio actuarial hizo una proyección a 100 años. Con la población abierta en ese tiempo no se genera déficit, sino que habría un superávit de ¢965 millones. Ahora si usted supone que las 13 mil personas que laboran en el Poder Judicial no van a cambiar en 100 años, un modelo cerrado, es decir no se van a renovar las plazas el modelo sería irreal, porque la población costarricense seguirá creciendo y no se van a contratar más jueces, pues eso estresa el modelo. Incluso ya le pedimos permiso a la Supen para trabajar con una tabla de mortalidad propia del funcionario judicial.
¿Cómo les exigen a ustedes hacer los estudios actuariales?
-Carlos Montero: A nosotros la Supen nos pide hacer esos estudios con población cerrada, es decir no sustituir al personal que se jubila, fallece o se despide y ahí es donde el tema se vuelve difícil, porque con ese modelo el estudio dice que la reserva de ¢610 mil millones se agotaría en el 2050. Pero eso tiene dos implicaciones, que al Fondo no ingresa nadie nuevo. Si hoy son 13 mil funcionarios y se jubilan 100 al año, se van incrementando los jubilados y se restan los activos, entonces es claro que llegará a comerse la reserva porque todos vamos a estar jubilados y eso significaría cerrar el Poder Judicial, lo cual es totalmente irreal.
¿Qué sucede en otros modelos?
–Carlos Montero: La Supen en el IVM sí le permite mantener un modelo de población abierta, es decir, que se sustituyan las plazas. Si nosotros trabajamos con el modelo de población abierta que garantiza que el reemplazo de personal activo, (no el crecimiento de más plazas) en los próximos 100 años, hasta el 2121, alcanza la plata para seguir pagando a todos, sino que sobran ¢965 millones, esa es la gran discusión con la Supen.