El Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial quedó sin fiscalización, luego de que un criterio de la Contraloría General de la República determinó que no podía estar bajo la misma lupa de la auditoría interna de la institución.
Se trata de un patrimonio que supera los ¢390.000 millones y cobija el futuro de los más de 12.000 colaboradores de las diferentes dependencias de ese poder de la República.
El tema se abordó como parte de una reciente sesión de Corte Plena, en la cual se acogió la recomendación de la Dirección Jurídica en cuanto a que no corresponde a la auditoría del Poder Judicial inspeccionar el manejo de estos fondos.
Parte del problema es que la junta administradora del Fondo tendría presupuesto para contratar dos plazas, pero estas serían insuficientes para hacer el trabajo que se requiere.
“Consideramos que por la naturaleza de la junta corresponde a esta tener su propia auditoría pagada con recursos propios”, dijo Rodrigo Campos, director jurídico del Poder Judicial.
La situación cobra relevancia al haber un nuevo reglamento de riesgo de la Superintendencia de Pensiones (Supen) que manda tener una auditoría independiente y efectiva.
Robert García, auditor interno del Poder Judicial, en relación con el Fondo dijo que maneja “datos añejos” porque dejaron de auditarlo hace cuatro años.
Esto causó preocupación entre los magistrados porque, aunque se han hecho auditorías externas, no hay un órgano de control interno, lo cual consideran importante.
Oslean Mora Valdez, encargado de apoyo administrativo de la junta administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, indicó que sería en 2023 que cuando empezarían a formar una sección de auditoría propia con unas tres personas y presupuesto independiente.
“Hemos estado efectuando funciones y labores sin contar con una auditoría interna a lo largo del 2020 y 2021, pero hemos hecho auditorías externas con buenos resultados”, manifestó. La intención era que la Corte autorizara que la auditoría interna del Poder Judicial retomara la revisión del Fondo, pero el director jurídico dijo que no podía ir contra dos criterios de la Contraloría que señalan lo contrario, uno de los cuales se emitió hace poco.
Un componente adicional es que en enero de 2021 la Procuraduría General de la República estableció que la junta administradora del Fondo pertenecía al Poder Judicial, pero como un órgano de desconcentración máxima. Al final 17 magistrados votaron en contra de tener el Fondo en el radar de la auditoría interna del Poder Judicial y 5 se abstuvieron de votar por conocer materia constitucional, de manera que ahora se deberá definir un nuevo plan para auditar estos recursos.