Pensiones de lujo: ¿Procede la consulta de Costa Rica a la Corte-IDH?

La solicitud de opinión consultiva que presentó el Gobierno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) sobre el proyecto de ley 24.786 contra las pensiones de lujo se enfrenta a que el tribunal no se pronuncie sobre el fondo de la consulta, o bien que “podría tener una interpretación de fines electorales” advierten especialistas consultados por Diario Extra.

El 15 de enero, Presidencia anunció a través de sus redes sociales que envió a la Corte-IDH la solicitud de opinión consultiva sobre la iniciativa de ley, aseverando que las pensiones de lujo han generado “fuertes reclamos de la ciudadanía” y calificó de “abusos” estos beneficios.

Sin embargo, de momento se desconoce el texto completo de la solicitud consultiva, que todavía no está disponible en el sitio web de la Corte-IDH. El Tribunal tampoco anunció la solicitud a través de sus redes sociales.

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Las opiniones consultivas a la Corte-IDH son un mecanismo a través del cual los Estados miembros solicitan criterios técnicos sobre la compatibilidad entre normas internas y la Convención Americana de Derechos Humanos.

A través de las respuestas a estas consultas, el Tribunal orienta a los Estados sobre la protección de derechos humanos contemplados en la Convención Americana.

El artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida también como “Pacto de San José”, establece que los Estados miembros pueden consultar la interpretación de la misma Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos. A la vez, la Corte-IDH, a solicitud de un Estado miembro, podrá darle opiniones sobre la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas frente a los instrumentos internacionales.

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¿Procederá solicitud de Costa Rica?

A criterio del especialista en relaciones internacionales, Luis Varela, la consulta es procedente ―porque cualquier Estado puede hacer consultas―, aunque pone en duda que el tribunal se pronuncie de fondo sobre la consulta debido a que se solicita un “criterio de oportunidad” de una norma propuesta dentro del país, lo que excede las facultades del Tribunal.

“La Corte no tiene competencia para pronunciarse sobre una norma propuesta. La función de la Corte se limita exclusivamente al control de convencionalidad, es decir, determinar si la norma contraviene el Pacto de San José u otros tratados de derechos humanos”, aseveró Varela.

El comunicado de Casa Presidencial menciona que la consulta busca corregir abusos, “eliminando privilegios”, algo que Varela considera que son temas de oportunidad o conveniencia internos que están fuera de la competencia del Tribunal.

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Luis Varela, especialista en temas del Sistema Interamericano. Foto: Diario Extra.

Se valoran derechos adquiridos de los pensionados

A criterio del abogado Boris Molina Mathiew, una decisión sobre las pensiones de lujo implica una incidencia directa en derechos humanos que han sido adquiridos por los pensionados, mismos que están contemplados en la jurisprudencia de la Corte.

“Entonces la emisión de ese criterio va a tener una repercusión absolutamente directa (sobre los derechos de los pensionados) una vez que pase el filtro de admisibilidad”, aseveró Molina.

El especialista advirtió que, una vez admitida la consulta, se establecerá tiempo para que los otros Estados, organizaciones sociales y personas particulares puedan referirse y emitir sus distintas opiniones con relación al tema.

Solicitud en contexto electoral

A criterio del politólogo Sergio Araya, el anuncio de esta acción a 16 días de los comicios generales de Costa Rica, podría convertir la medida en una interpretación electoral. No obstante, advirtió que la opinión de la Corte no llegará pronto.

“Este es un momento de naturaleza electoral donde todas las acciones, ya sean las que llevan a cabo directamente los partidos, sus candidaturas o incluso algunas acciones que desarrolle el gobierno, pueden entenderse directa o indirectamente como acciones con un propósito electoral”, señaló Araya.

Candidata oficialista lo contempla en su propuesta

En ese sentido, la eliminación de las pensiones de lujo forma parte de las propuestas de campaña de la candidata del oficialismo, Laura Fernández Delgado.

Según su plan de gobierno disponible en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Fernández propone impulsar reformas legales para eliminar las pensiones, aseverando que se buscará “garantizar la sostenibilidad de todo el sistema de pensiones y asegurar que exista justicia para todas las personas aseguradas”.

Además, el proyecto de ley para reducir las pensiones de lujo fue elevado a la Asamblea Legislativa por el presidente Rodrigo Chaves, Laura Fernández, en su calidad de ministra de la Presidencia; Nogui Acosta Jaén, ministro de Hacienda; y Andrés Romero Rodríguez, ministro de Trabajo y Seguridad Social.