
El movimiento de pensionados “Devuelvan el ROP” presentó ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) una solicitud de referéndum para que el pueblo costarricense tome una decisión sobre el retiro total de los recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).
“Nos parece que es la mejor forma de que lleguemos a una decisión que sea definitiva porque ya llevamos bastante tiempo y no hemos encontrado todavía en el plano político, en la Asamblea Legislativa ni en Casa Presidencial las opciones para que este tema se pueda discutir y se pueda aprobar; entonces, me parece que el referéndum es una buena opción”, indicó Walter Quesada, líder del movimiento y director sindical de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).
Actualmente, el Congreso tiene tres proyectos de ley con el fin de que los pensionados puedan acceder de forma completa a sus recursos al momento de su jubilación, sin embargo, la agenda legislativa se encuentra bloqueada por la discusión de las jornadas excepcionales 4-3.
Uno de ellos permitiría a los jubilados elegir entre recibir pagos mensuales durante 30 meses o un retiro acelerado en cuatro tractos. Otro plantea el retiro del 100% del ROP en un solo pago o mediante retiros programados entre 24 y 180 meses.
Mientras que un tercero propone que se pueda retirar la totalidad de los recursos mediante rentas temporales durante un plazo de 24 meses.
“Le están dando muchas largas a la discusión, hay muchas personas que ya se nos han muerto en el camino, personas que conformaban parte de estos grupos, que estaban en la lucha, estaban esperando que se les devolvieran estos dineros. Nosotros consideramos que hay que buscar otras opciones para que podamos disponer de esos dineros en el menor tiempo posible”, agregó Quesada.
La viabilidad para que la solicitud y el retiro de ROP se resuelva vía referéndum recae en el TSE, ya que según la Constitución Política de Costa Rica hay varios temas que no son sujetos al mecanismo: presupuestaria, tributaria, fiscal, monetaria, crediticia, de pensiones, seguridad, aprobación de empréstitos y contratos, ni actos de naturaleza administrativa.

