En la corriente legislativa desde el año pasado, y por gestión de la diputada Sofía Guillén, se viene impulsando una propuesta de ley que pretende una pensión diferenciada para el personal operativo del Cuerpo de Bomberos. La propuesta es justa, razonada y totalmente lógica, en efecto, un bombero con 60 años o más, es casi ilusorio que pueda cumplir con las tareas y responsabilidades que tiene este tipo de personal para desarrollar labores usuales y de emergencia.
Junto con este sector laboral, sin embargo, encontramos también otros grupos importantes de trabajadores que, de igual forma, desarrollan tareas de alto riesgo, cumplen con jornadas extenuantes de trabajo, sufren cambios de horario abruptos, acumulan significativos problemas de estrés y salud, lo que hace que en muchas oportunidades, una cantidad significativa de estas personas no logren alcanzar su jubilación y por ende el poder disfrutar de una pensión; nos referimos a policías, miembros de los cuerpos de seguridad y personal de los diferentes servicios de ambulancia y rescate.
Es por ello que, de forma paralela, se ha planteado ante el despacho de la diputada Guillén que se analice otra iniciativa que contemple a los demás sectores que atienden y trabajan en servicios de emergencia y seguridad cuando estos alcancen cierta edad y determinada cantidad de años de servicio.
Con la reforma al cambio de edad en la jubilación a los 65 años con el régimen de la Caja Costarricense de Seguro Social, resulta casi risible e irónico esperar que “adultos mayores” sigan ejecutando tareas de policía o de seguridad donde estos puedan sostener un enfrentamiento contra un delincuente violento o un grupo armado, igualmente, esperar que un paramédico realice eficazmente un rescate de una víctima en un precipicio o de un paciente dentro de la estructura de un vehículo donde se encuentre prensada o que un conductor de ambulancia maneje a altas velocidades sobre calles altamente transitadas para responder a una emergencia o de llevar un paciente crítico a un centro médico, es casi impensable.
Son una alta cantidad de factores y motivos que justifican para que, a todo este tipo de trabajadores se les valore y considere dentro de una ley que los englobe y les permita acceder a una pensión anticipada en razón de respetar el principio de igualdad y justicia, como también el de dar un reconocimiento por una labor que, en la gran mayoría de los casos, viene siendo ejecutada durante una cantidad significativa de años por parte de estas personas. Además, el estrés, el envejecimiento prematuro y un importante cumulo de enfermedades que este tipo de actividades desarrollan con el tiempo y que son producto de este tipo de trabajos, aunado a malos e inadecuados regímenes de alimentación y los cambios de horario ya apuntados, no solo ponen en riesgo a estas mismas personas, sino también a la misma seguridad ciudadana, no por falta de experiencia, sino, por la pérdida de poder llevar a cabo diferentes destrezas físicas para ejecutar diversas tareas, en razón de una edad ya avanzada.
Esperamos no solo que esta nueva propuesta sea acogida e incorporada, sino que también prontamente sea elevada a comisión y llevada a debate, no solamente son cientos de personas que trabajan en diferentes cuerpos de emergencia y seguridad que aclaman que, ya se les permita descansar y disfrutar de un envejecimiento saludable, sino también, las familias de estas personas que ansían poder disfrutar de la compañía de los suyos, donde muchas y muchas veces, el estrés y la incertidumbre en que tal vez ya no iba a regresar con vida su esposo(-a), su padre o su madre con vida después de alguna jornada de trabajo; una jubilación anticipada vendría a compensar en alguna medida, todas aquellas preocupaciones y esfuerzos.
*Abogado