Penalistas cuestionan “impacto real” de proyectos presentados por el Gobierno

El Poder Ejecutivo presentó seis propuestas de ley con la intención de combatir la inseguridad y la criminalidad del país, siendo criticadas por expertos en la materia a pesar de la visión del Gobierno. De todas las iniciativas, solo cinco tienen el texto de la propuesta y se espera que, en el caso de la reforma al tema de extradición, se presente en los próximos días.

Las otras cinco están relacionadas con monitoreo electrónico por apremio corporal, eliminar la audiencia preliminar en procesos judiciales, penas más duras por minería ilegal y modificaciones de grados en cuerpos policiales de Seguridad Pública. Sin embargo, abogados penalistas consultados por Grupo Extra, aseguran que estas iniciativas de ley tendrían “poco impacto” en el combate de la criminalidad del país.

“Vistos los proyectos de ley presentados por la presidencia con la idea de que estos van a incidir en la inseguridad ciudadana, la mayoría no es correcta. En realidad, esto no tiene una incidencia en la prevención de la criminalidad”, dijo el abogado Rafael Rodríguez.

Asimismo, advirtió que las propuestas no tienen carácter preventivo para enfrentar la inseguridad en todo el territorio nacional. 

En el caso de la propuesta de eliminar la audiencia preliminar, el penalista Gerardo Huertas señala que el planteamiento demuestra el desconocimiento de las fases a nivel penal. 

“Si bien es cierto no muestran los mismos vicios de inconstitucionalidad tan graves y evidentes que tenías los proyectos anteriores, lo cierto es que no proponen absolutamente nada y no tendrían ninguna incidencia en la delincuencia, o son inviables”, afirmó.

Un ejemplo de este sería la reforma para el monitoreo electrónico en el caso de apremio corporal, que según Huertas no ataca el problema real de la criminalidad.

“Los brazaletes electrónicos los asignan los jueces, quienes valoran las medidas cautelares, pero bajo este proyecto de ley, sería el Ministerio de Justicia que de forma directa y sin la intervención de un juez estaría decidiendo a quien le impone un brazalete y a quien no”, agregó. 

Los especialistas coinciden en que la mayoría de las reformas se perciben como ajustes legales sin un enfoque preventivo hacia la criminalidad actual.

Aunque consideran importante hacer ajustes en temas de delitos para extradición, el penalista Sergio Herra afirma que es necesario que el país juzgue a las personas que infringen la Ley. 

“Los delitos de sicariato se siguen cometiendo en Costa Rica, el tráfico local de drogas se sigue cometiendo aquí y eso hay que abordarlo y el Poder Judicial, creo yo, que tiene la capacidad para atender ese tipo de casos”, afirmó.

Herra enfatizó que esta iniciativa particular no vendría a solventar mayormente el problema de seguridad que atraviesa el país.