Pena de muerte para inocentes

Suena contradictorio que en un país como el nuestro, donde amparados a nuestra Constitución, la cual nos rige, no sea posible aplicar la pena de muerte a personas que de hechos delictivos comprobados son culpables, unos por crímenes, otros por tráfico de órganos, asesinatos, robos en serie, asaltos múltiples, serios problemas por tráfico de drogas u otros desórdenes antisociales de los cuales somos informados de forma cotidiana todos los costarricenses, no obstante lo que acontece con esa serie de atrocidades es que nuestras cárceles estén atiborradas con un porcentaje bastante alto por esos vándalos.

Otros, gracias a la pericia de abogados o debido a lo flojo de nuestras leyes, disfrutan de libertades condicionales. No se está pretendiendo con estas reflexiones querer instaurar esa pena, aún y cuando muchas de esas personas no sean capaces de regenerarse, ni de sumarse a la sociedad de forma positiva, pero eso sí, se quiere llamar la atención de las altas esferas gubernamentales, en especial al Ejecutivo, nuestro Presidente, para que lo piense antes de implantar una autorización legal para que se permita el aborto terapéutico.

Para justificar esta posición, tenemos muchos argumentos, el primero es que, en este, nuestro lindo país, las leyes nacen con un propósito, luego se tergiversan o se convierten en normas generales, aplicables a toda la población para cualquier circunstancia, si no que lo digan los expertos de la profesión en Derecho. Veamos lo que sucedió con el tema de la liberación femenina, considero que la idea original fue darles a las damas oportunidades de competir con los varones en igualdad de circunstancias para optar por cargos importantes, establecer equidades profesionales o pugnar por asuntos de altura, pero no, el tema en general, tomó un giro de libertinaje, de pugna por los vicios, abuso del sexo, trasnochadas, toma de licor, fumar, o cosas baladíes de ese tipo.

Por otra parte, si se diera la aplicación de una ley para el aborto, posiblemente se estaría suprimiendo, en gran medida, el nacimiento de seres con algún tipo de síndrome u otra clase de problemas congénitos, pero estaríamos aplicando la pena de muerte a criaturas que aún, ni siquiera han aprendido a hablar para poder pedir auxilio, a seres que aún no nacen. A todas luces esto suena a inconstitucional.

Madres heroínas, quienes contra todos los pronósticos médicos han decidido traer al mundo, a esta tierra y sociedad en la que tanto ustedes como yo habitamos, seres extraordinarios, condenados a morir, sin siquiera haber nacido. Solo me referiré a dos casos, entre tantos: un ángel de Pérez Zeledón, divulgado por la TV, quien manifestó: “El médico dijo que yo viviría solo tres meses y ya voy por siete años”. Además de que, con solo verla y escucharla, inspira una profunda ternura. Otro caso, en Italia, diagnosticado con glaucoma, los expertos dicen: la criatura nacerá y será ciega, se le recomienda abortar. La valiente madre decide dar a luz, ¿a quién? A la persona que en su vida se convirtió en una luminaria del mundo musical, le estamos hablando de Andrea Bocelly.

Señor presidente, usted decide si desea que la historia lo recuerde y catalogue como a una especie de Herodes, asesino de, ni siquiera niños, no, de nonatos. O, todo lo contrario, que se le recuerde como a un hombre que decidió salvar la vida de inocentes a quienes se pretendía asesinar antes de nacer.

*Vicepresidente de Base 05-26 de la APSE