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El Banco Nacional duda de si debe continuar pagando a sus empleados un incentivo por buen desempeño a raíz de la aprobación de la Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Bernardo Alfaro, gerente general de la entidad, hizo una consulta a la Procuraduría General de la República, en donde plantea esta inquietud para saber cómo proceder.
Sin embargo, el abogado del Estado, indicó que resultaba inadmisible por haber un proceso de arbitraje abierto en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
DIARIO EXTRA consultó a Harold Reyes, secretario del Sindicato de Empleados del Banco Nacional (Sebana), quien manifestó que, desde hace tres años la administración no paga el incentivo conocido como Sedi.
El Sistema de Evaluación del Desempeño e Incentivo se origina en la Convención Colectiva de la entidad, y se paga contra el cumplimiento de metas de los colaboradores.
Se estima corresponde a un 15% sobre las utilidades del banco. El espíritu de la Convención llama a hacer una distribución entre todos los trabajadores con excepción de las subsidiarias.
Reyes contó que, de un momento a otro, la administración salió con la tesis de que lo que se podía pagar era un 0,60% sobre la suma del salario anual de los trabajadores, debido a una directriz del gobierno.
No obstante, la opinión del sindicato es que debe mantenerse el pago del 15% sobre utilidades, pues así está regulado por la Convención, y que muchas veces el banco se fija metas muy altas que no tiene amparo de estudios técnicos.
“El incentivo no se ha pagado porque el banco no ha podido cumplir las metas, mismas que yo creo que adolecen de criterios técnicos. Hay que apegarse a la realidad financiera del país, no es solo decir vamos a colocar un 10% más que el año anterior”, dijo.
Reyes también justifica el pago del incentivo. “Nosotros creemos que el pago debe darse porque somos una institución en competencia en la que hay que dar esa milla extra en la generación de ingresos”, manifestó.
De acuerdo con el secretario de Sebana, aceptarían de momento que se pague el 0,60% en lo que se resuelve del arbitraje, pero no están dispuestos a renunciar a la Convención. El problema es que este proceso también guarda relación con una acción de inconstitucionalidad que se planteó ante los magistrados en relación con la Ley 9635 e incentivos en el sector público.
Sebana además considera que los procesos de evaluación del banco deberían revisarse con respecto a las disposiciones del Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan). “Nos parece que no ha existido coordinación entre una ley y otra”, destacó.