Dos diputadas de la República pedirán cuentas al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) por no dar trazabilidad a los recursos dirigidos a personas en condición de calle.
DIARIO EXTRA dio a conocer esta semana que el IMAS registra más de 5.000 indigentes a nivel nacional, en el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube).
Con ello, tienen la posibilidad de acceder a seguro del Estado, así como a subsidios económicos y otro tipo de ayudas.
El Periódico de Más Venta en Costa Rica consultó sobre la trazabilidad de los recursos y María Emilia Mora, jefa del Departamento de Acción Social y Administración de Instituciones del IMAS, aseguró no saber cuántas personas reciben subsidios.
“Los habitantes de calle pueden tener derecho a un subsidio porque tienen los mismos derechos que toda la población (…). Cuando se hace la valoración social se le asigna un subsidio destinado para un fin específico, la familia o persona que lo recibe lo administra de acuerdo a sus necesidades y lo único que el IMAS corrobora es que cumpla con los parámetros de pobreza establecidos (…)”, dijo a este medio.
Por otra parte, precisó no tener datos centralizados sobre la cantidad de personas en dicha condición, ya que se deben solicitar a las instancias correspondientes.
Tampoco brindó datos de cuánto dinero percibe cada habitante de la calle, la cantidad de beneficiarios, el número que logra reinsertarse y el monto que tiene el IMAS para programas de atención para dicha población.
CUENTAS
Con todo ese panorama, María Marta Carballo, diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), remitió un oficio al IMAS, solicitando explicaciones sobre la situación.
“La fracción Unidad en reiteradas ocasiones ha levantado la voz con mucha preocupación por la carencia de una política de inversión social, así como los rebajos y el abandono de medidas que permitan una atención de personas en condición de vulnerabilidad. En este caso nos parece que existe poco control y no hay un rumbo claro con las personas en condición de calle”, argumentó la jefa de fracción.
La legisladora consultó a Yorleny León, presidenta ejecutiva del IMAS, la clase de subsidios o ayudas que se dan a las personas en condición de calle, si la institución tiene capacidad instalada para conocer cuántas personas hay en dicha situación y la trazabilidad de los recursos.
Del mismo modo, exigió conocer si existe algún plan para la atención y registro de estas personas y si hay un cronograma de ejecución para atenderlos.
A COMISIÓN
Caso similar con Montserrat Ruiz, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), quien pidió cuentas al IMAS por la situación de personas en condición de calle e incluso no descarta la posibilidad de llevar a León a la Comisión de Derechos Humanos.
La legisladora igualmente consultó cuántas personas hay en esta situación y cómo se gestionan los datos.