El Concejo Municipal de San José considera la posibilidad de pedir una ampliación de la auditoría que se realiza sobre las adjudicaciones de obras viales que se realizan en la ciudad capital.
La organización sesionó anoche de forma extraordinaria para abordar algunas temáticas de índole cantonal.
No obstante, DIARIO EXTRA consultó con dos regidores sobre el accionar tras la detención de Johnny Araya, alcalde de San José.
Alex Cano, presidente del Concejo Municipal de San José, comentó que la institución no podrá adelantar criterios porque el gobierno local está bajo una investigación en la parte administrativa. Cano dijo que la organización ordenó a la Auditoría Municipal una investigación desde el 2015 hasta en la actualidad sobre acciones que se están pasando a lo interno.
“Fue una aprobación unánime de todos los regidores e incluso el señor alcalde estuvo de acuerdo de que se ampliara la investigación y que no fuera solo de dos años, sino que desde 2015. La Municipalidad está siendo golpeada prácticamente por esto, golpea a todos, desde las autoridades hasta los vecinos porque es lamentable esto y es una incertidumbre sobre en qué va a parar esto”, indicó.
DENUNCIAS PREVIAS
Diego Miranda, regidor de San José, relató que lo sucedido confirma las denuncias planteadas desde hace varios meses en relación con situaciones que se presentaron dentro del ayuntamiento.
Miranda manifestó que aún no se tiene acceso de lo que se investiga a nivel judicial, pero que por algunas pistas que dan miembros del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) coinciden con asuntos que se denunciaron.
“Nosotros ya hicimos la observación de que se ampliara hasta el momento en que se comenzaran con MECO, eso no se hizo, pero lo volveremos a plantear.
Lo que estamos buscando en este momento es poder acceder a cierta información que nos permita concluir algunas cosas que hemos venido investigando en estos últimos meses y que tienen que ver con las investigaciones del Poder Judicial”, indicó.
Dijo que se le preguntará a la Auditoría el estado actual de las investigaciones que en teoría deben estar en curso y que quieren revisar algunos criterios planteados con el retiro de credenciales de las autoridades municipales.