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En Costa Rica, el delito de peculado no se limita exclusivamente a quienes poseen una investidura formal como funcionarios públicos bajo contrato estatal.
Los miembros de ASADAS y Juntas de Educación enfrentan serios riesgos legales al administrar fondos que, pese a ser gestionados por particulares, conservan su naturaleza pública.
Así lo explicó el fiscal Carlos Jiménez, de la Fiscalía Anticorrupción, durante su intervención en el programa radial “Voces MP” del Ministerio Público.
Esta advertencia surge tras detectarse casos donde el manejo de recursos para servicios esenciales termina en procesos penales por malversación de activos.
Los delitos como el peculado ocurren cuando funcionarios o particulares con custodia de fondos estatales desvían dinero, vehículos o instalaciones para fines privados.
Para las autoridades del Ministerio Público, estas acciones no solo generan un perjuicio económico para el Estado, sino que también transgreden el deber de probidad y dañan la confianza ciudadana en las instituciones.
Jiménez aclaró que lo determinante para la justicia es el nexo entre el bien público y la persona encargada de su administración.
“Ellos (miembros de estas organizaciones) son personas particulares que no tienen ninguna investidura de funcionario público; simplemente tienen la responsabilidad que les da el Estado de administrar dineros públicos. Si ellos sustraen o se apropian de ese dinero, pueden verse inmersos en un delito de peculado, tal y como lo regula nuestra legislación”, dijo.
Además, indicó que el Ministerio Público vigila que estos recursos, destinados a la educación o al agua potable, no sean desviados jamás para beneficios personales.
El fiscal destacó que no se trata solo de grandes obras, sino de la integridad en la custodia diaria de activos colectivos que pertenecen a toda la población.
El uso de vehículos institucionales para realizar compras personales o trasladar familiares figura entre las irregularidades más frecuentes detectadas por las autoridades.
También se ha reportado el uso de personal pagado por el Estado, como jardineros o choferes, para realizar labores domésticas en casas de habitación de jerarcas.
La Fiscalía enfatiza que el delito no depende del valor económico del objeto, pues incluso el uso de una hoja de papel para fines privados puede ser punible.
Fiscalización ciudadana
La detección de estos delitos depende, en gran medida, de la denuncia ciudadana, las auditorías internas y la vigilancia de oficio que realiza el Ministerio Público.
Los ciudadanos pueden reportar de forma anónima y sin temor a represalias legales o económicas si observan irregularidades evidentes en el uso de bienes públicos.
El sistema judicial ofrece protección contra la persecución laboral para aquellos empleados públicos que decidan alertar sobre actos corruptos internos.
“Acá lo importante es que el ciudadano entienda que el hecho de comunicar al Ministerio Público no va a generar ninguna responsabilidad, y eso es muy importante para nosotros, porque para el Ministerio Público es imposible tener un funcionario en cada institución pública donde se pueda dar un hecho”, explicó.
No es necesario que el denunciante presente un caso técnico completo ni que tipifique legalmente la conducta observada como un delito específico de peculado; basta con relatar los hechos básicos, como ver un vehículo oficial en un bar o detectar obras públicas paralizadas sin una justificación clara.
La vigilancia constante y la participación ciudadana activa son las herramientas más eficaces para asegurar que el patrimonio nacional sirva siempre a todos, de acuerdo con la Fiscalía.
Riesgo para particulares
Sobre el riesgo de que miembros de estas organizaciones utilicen de manera indebida recursos públicos, el fiscal destacó los siguientes puntos clave:
ASADAS: Son grupos de vecinos que se organizan para brindar el servicio público de agua potable.
Según el fiscal, en el momento en que Acueductos y Alcantarillados (AyA) les otorga la potestad de administrar este servicio, esos particulares se convierten en posibles imputados por peculado si sustraen dinero recaudado por el servicio de agua.
Juntas de Educación: En este caso, el Ministerio de Educación Pública (MEP) traslada fondos a ciudadanos particulares para que los administren en beneficio de los centros educativos.
El fiscal aclaró que estas personas suelen tener sus propios trabajos privados y ninguna relación laboral directa con el Estado; sin embargo, al aceptar la responsabilidad de administrar dinero público, quedan sujetos a la ley penal.