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Un grupo de multas de tránsito, que suman poco más de ¢233 mil, mantienen paralizada una flotilla de vehículos, los cuales costaron alrededor de ¢1.105 millones del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi).
Se trata de 25 vehículos policiales y 28 motocicletas nuevos, adquiridos para reforzar las labores de la Dirección General de Policía de Tránsito (DGPT), pero que no podrán circular porque el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), propietario registral, mantiene infracciones firmes sin pagar.
La Auditoría Interna del Cosevi advirtió que las nuevas unidades enfrentarían la “negativa del Registro Nacional para la entrega de las placas metálicas, debido a la existencia de infracciones firmes pendientes de pago a nombre del MOPT”, según el reporte de consulta de infracciones solicitado por la institución. Las multas, registradas entre 2019 y 2025, ascienden a ¢233.251,35.
La flotilla está compuesta por 28 motocicletas Suzuki año 2025, con un costo total de $919.613 (¢476 millones aproximadamente); y 25 vehículos Isuzu policiales valorados en $1.214.309 (¢628 millones aproximadamente).
A pesar de su millonaria inversión y de estar programados para entregarse entre noviembre y diciembre del 2025, podrían permanecer guardados indefinidamente.
El impacto sería inmediato y directo, según indica la Auditoría, ya que la situación afectaría “el uso eficiente del servicio público, al no disponer de los equipos adquiridos para cumplir las funciones policiales”.
Además, advierte que la falta de placas comprometería el cumplimiento de la meta institucional 1.33.1, orientada a “estrategias comprobadas para reducir y prevenir eventuales lesiones generadas por accidentes de tránsito”.
Placas no se pueden retirar
La imposibilidad de retirar las placas no es un tecnicismo, ya que el Reglamento de la Dirección de Servicios del Registro Nacional exige como requisito básico “estar al día con el pago de infracciones ante el Cosevi y el derecho de circulación”.
El propio Registro, consultado por la Auditoría, confirmó que el MOPT mantiene “rubros pendientes por conceptos a multas a la Ley de Tránsito”, condición suficiente para bloquear cualquier trámite.
Otro riesgo señalado es la pérdida parcial de las garantías técnicas, pues estas inician a partir del “recibido conforme” de cada unidad.
En el caso de las motocicletas, el plan de mantenimiento cubre cinco años o 82.000 kilómetros; para los vehículos, tres años o 100.000 kilómetros, por lo que cada mes que las unidades permanezcan sin funcionar representa una reducción real del periodo disponible para mantenerlas en óptimas condiciones.
Compras problemáticas
El informe también revela que los procesos administrativos para concretar estas compras ya habían enfrentado retrasos significativos.
Entre apelaciones, objeciones y trámites internos, la formalización tardó alrededor de cinco meses adicionales, lo que prolongó aún más el tiempo de espera para poner en marcha los equipos.
La Auditoría califica este conjunto de problemas como un escenario de “alta vulnerabilidad institucional”, capaz de comprometer el patrimonio público y la seguridad vial del país.
Más aún, el órgano fiscalizador advierte que la situación podría constituir un “incumplimiento de deber funcional del servidor público” por la lentitud y falta de seguimiento en los trámites, tomando en cuenta que los equipos fueron justificados como indispensables para “brindarle a la ciudadanía un servicio de calidad y eficiencia”, objetivo imposible de cumplir si las unidades no pueden circular.
Medidas urgentes
La Auditoría Interna del Cosevi, como parte de la advertencia que realiza a las autoridades, solicita medidas urgentes como coordinar de inmediato con el MOPT el pago de todas las infracciones pendientes y establecer como requisito obligatorio que, antes de iniciar futuras compras, se certifique que la institución está al día con todas las obligaciones ante la Ley de Tránsito.
De lo contrario, el Estado corre el riesgo de seguir adquiriendo vehículos que no podrán utilizarse.
Guardan silencio
Grupo Extra intentó conocer la posición del Efraím Zeledón, ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT); así como de Carlos Ávila, miembro de la Junta Directiva del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), para saber las soluciones y medidas sobre los vehículos.
Pese a ello, al cierre de edición de esta nota no se obtuvo respuesta.
Motocicletas adquiridas
• Motocicleta Suzuki (Año 2025): 28 unidades
• Costo total: ¢476.295.263
Vehículos adquiridos
• Vehículo Manual Pick Up Isuzu (Año 2025): 10 unidades
• Vehículo Automático Pick Up Isuzu (Año 2025): 25 unidades
• Costo total: ¢628.951.584

