Patricia Solano califica como “retroceso” eliminar audiencias virtuales

La magistrada de la Sala Tercera, Patricia Solano calificó como un “retroceso” la decisión del Ministerio de Justicia y Paz de finalizar el convenio con el Poder Judicial para realizar audiencias virtuales desde los centros penitenciarios y advirtió que la medida podría provocar atrasos en las diligencias judiciales.

Según Solano, quien compareció ante la Comisión Especial de Nombramientos, la eliminación de esta modalidad obligará a destinar una mayor cantidad de funcionarios para trasladar a las personas privadas de libertad hacia los tribunales, tanto para audiencias de medidas cautelares como para debates.

“Esto entorpece las diligencias judiciales porque tenemos que utilizar mayor cantidad de personal para poder trasladar a las personas detenidas que tienen que asistir a diferentes diligencias, ya sean audiencias de medidas cautelares o audiencias de debate”, señaló.

Solano agregó que la falta de personal suficiente para efectuar los traslados podría incidir directamente en los tiempos de respuesta del sistema judicial.

Explicó que las audiencias virtuales se utilizaban principalmente en asuntos relacionados con la ejecución de la pena, debido a las características de esas diligencias. También se aplicaban en algunos casos de medidas cautelares y en revisiones sobre el cumplimiento de medidas alternativas.

“Sobre todo, ejecución de la pena es casi siempre virtual por el tipo de diligencia y, en algunos casos, en medidas cautelares o cuando se analiza el cumplimiento de algunas medidas alternativas también las hacemos de manera virtual”, indicó.

La decisión fue comunicada este lunes por el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, después de que el Poder Judicial reiterara que, en materia penal, la regla general es que las audiencias se desarrollen de manera presencial y que la virtualidad únicamente puede utilizarse en situaciones excepcionales.

Por otro lado, Solano cuestionó la reducción de recursos destinados al Poder Judicial, misma que calificó de haberse realizado “a manu militari” y advirtió que los recortes afectan directamente la capacidad operativa de la institución.

Durante su audiencia, Solano explicó que cerca del 80% del presupuesto judicial se destina al pago de salarios, por lo que únicamente queda un 20% para financiar gastos operativos. También cuestionó un reciente rebajo de ¢3 mil millones al presupuesto del Poder Judicial y aseguró que este no habría sido autorizado por la Asamblea Legislativa.

“Sobre todo con el último recorte que se nos da que digo yo que fue a mano militari porque no ha pasado por esta Asamblea legislativa una autorización de rebajo de nuestro presupuesto de los últimos ¢3 mil millones, en donde va la parte operativa”, afirmó.