Patricia Solano busca apoyo del Frente Amplio para proyecto sobre procesos penales
Solano asistió a la reunión de la bancada del Frente Amplio.
La magistrada presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano, se reunió este lunes con la fracción del Frente Amplio en la Asamblea Legislativa para explicar iniciativas de reforma al Código Procesal Penal que buscan agilizar la respuesta de la justicia penal en Costa Rica.
Solano explicó que las iniciativas son impulsadas desde la legislatura anterior por la Sala Tercera y fueron acogidas por Corte Plena.
“Desde la legislatura anterior, hemos venido promoviendo desde la Sala Tercera y acogido por Corte Plena, modificaciones al Código Procesal Penal que resultarían en una respuesta más rápida de la justicia penal en Costa Rica”, dijo Solano a Grupo Extra.
La magistrada aseguró que el objetivo de la reunión fue detallar a los diputados los alcances del proyecto y sus posibles beneficios para la ciudadanía.
“Veníamos a explicarles en detalle. Porque en algunas ocasiones lo hemos conversado con señores diputados de forma informal. Entonces hay un interés de que pudieran comprender cuál es la intención de este proyecto y los beneficios para la ciudadanía”, agregó.
Consultada sobre si durante el encuentro se abordó la necesidad de mayores recursos para el Poder Judicial, Solano indicó que ese no fue el tema principal, aunque reconoció que el asunto siempre aparece de forma tangencial cuando se habla de una justicia más ágil.
“Ese no fue el eje central de la conversación. Siempre, de alguna manera, es tangencial que para dar una respuesta más ágil como se requiere, son más necesarios recursos”, señaló.
Por su parte, el diputado frenteamplista Antonio Trejos explicó que la discusión se centró en un proyecto de ley para simplificar los procesos judiciales.
“Estamos discutiendo el proyecto de ley para simplificar los procesos judiciales. Reducir juicios que ahora tienen tres jueces y que pueden hacerse en tribunales unipersonales”, dijo Trejos.
La propuesta forma parte de las discusiones legislativas sobre posibles cambios al sistema penal, en medio de los cuestionamientos por la duración de los procesos judiciales y la necesidad de brindar una respuesta más pronta a la ciudadanía.