El Ministerio de Justicia y Paz informó sobre la detención de un funcionario de la Policía Penitenciaria que pretendía ingresar de manera ilegal celulares, cargadores, medicamentos y otros artículos a la cárcel.
Según la institución, se aprehendió al funcionario tras ejecutar un trabajo de inteligencia ordenado por el Ministerio de Justicia y Paz.
“Se hizo la revisión a un policía penitenciario de apellidos González Orellana que empezaba turno la noche del sábado 22 de junio en la cárcel en Alajuela, quien trató de ingresar de manera irregular 3 teléfonos celulares, 5 cargadores. Además de un vaporizador, una cuchilla, una cuchara, 428 dosis de pastillas clonazepam, 36 pastillas juventus, 2 frascos pequeños transparentes color amarillento y aceitoso cuyo contenido se desconoce”, informó la entidad pública.
Asimismo, las autoridades comentaron que González fue puesto a la orden del Ministerio Público por lo que están a la espera de que se le den medidas cautelares, las cuales impedirían su retorno a la Policía Penitenciaria.
“Esta labor demuestra la entrega de los compañeros y compañeras de la Policía Penitenciaria que no están dispuestos a tolerar corrupción”, detalló la institución.
Por otro lado, la entidad policial indicó que desde mayo de 2022 hasta la fecha ya van 25 funcionarios penitenciarios, entre agentes y administrativos, pasados a Fiscalía por hechos similares.
“Efectivamente, como parte de la lucha que tenemos, fiera contra la corrupción, estamos reforzando nuestras operaciones con el fin de detener o poder identificar a aquellos funcionarios corruptos.
El mensaje ha sido claro, desde el inicio no queremos corrupción, hay muchos compañeros y compañeras comprometidos con esta situación que nos hemos unido para limpiar a la policía penitenciaria de esta corrupción, de esta herrumbre que no debe ensuciar el uniforme.
Yo quiero felicitar a los compañeros y las compañeras y decirle al pueblo de Costa Rica que vamos adelante, nuestra misión es dar un servicio público de calidad y sacar de la institución y procesar penalmente aquellos que infringen la ley”, manifestó el ministro Gerald Campos a DIARIO EXTRA.
PROPUESTA BUSCA CASTIGAR CON CÁRCEL
Cabe señalar que actualmente en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico se discute el proyecto de ley para sancionar penalmente a las personas que introduzcan de forma irregular teléfonos celulares, satelitales u otros medios de comunicación electrónicos en los centros penitenciarios.
De acuerdo con la propuesta de ley, aquel funcionario o individuo que ingrese un aparato de comunicación a los recintos será penalizado de dos a cuatro años de prisión.
Para Gerald Campos, ministro de Justicia y Paz; Exleine Sánchez, viceministro de esa cartera, y Nils Ching, director de la Policía Penitenciaria, esta iniciativa es fundamental para que esas personas no queden impunes.
Cabe detallar que en la actualidad el ingreso de celulares a un centro penal no es considerado un delito y a los funcionarios que realizan este tipo de hechos solo se les abre un proceso disciplinario, pero este no siempre se llega a concluir debido a que en su mayoría esos oficiales renuncian, según explicó Campos ante los diputados el jueves 20 de junio.
La prevención de estos hechos genera un gasto grande para el Estado, tanto en recursos humanos como económicos, señaló Ching.
“El cálculo es muy relativo, pero podemos promediar que hay una utilización de al menos 80 funcionarios que se usan de manera diaria en diversos puntos que se concentran.
A eso hay que sumarle el transporte, a veces el uso del combustible y alimentación de estas personas. Eso implica en promedio entre ¢5 millones y ¢10 millones, dependiendo del tipo de operativos y la cantidad de personal que se vayan a utilizar”, comentó.
Los jerarcas de Justicia y Paz indicaron que el trabajo que han realizado desde el 8 de mayo de 2022 hasta la fecha ha implicado más de 10.456 intervenciones, en las cuales lograron decomisar al menos 5.629 celulares, 7.556 chips y 1.047 artículos electrónicos de otro tipo.