El derecho al gobierno participativo se convirtió en uno de los pilares de la democracia costarricense, cuando el Legislador aprobó la reforma al párrafo primero del artículo 9 constitucional, propiciada por la Ley No. 8364 de 01 de julio de 2003, de modo que el Gobierno de la República es ejercido por el pueblo y tres poderes distintos, deviniendo popular, representativo, participativo, alternativo y responsable.
Esa enmienda que origina la garantía y libertad a la participación ciudadana, revalorizó el derecho político de las personas a intervenir en los procesos de toma de decisión que afecta su esfera de intereses y valores, como complemento de la política pública formulada por las autoridades desde la representación y los cargos designados.
Algunos instrumentos internacionales recogieron con anterioridad el espíritu de dicha reforma, como el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al disponer que …”toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos”. Igualmente, el numeral 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reconoce el derecho ciudadano: “(…) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos”.
Por su lado, la Carta Democrática Interamericana establece en sus artículos 5 y 6, que la democracia representativa se profundiza con la participación responsable y ética de la ciudadanía, y este ensanchamiento del Estado Democrático lo obliga a promover, fomentar y sostener las condiciones que favorezcan el ejercicio pleno de ese derecho, que tiene fuerza y rango fundamental.
En las democracias contemporáneas, esa participación ciudadana en los asuntos de interés público, migró con la revolución de Internet a las diversas plataformas digitales, y también es en ellas y con más influencia en las redes sociales, que Estado, actores políticos y sociales, representantes y pueblo en general, convergen y se encuentran ahora conectados, conversando, interactuando y alimentando la opinión pública.
La arena política en parte se mudó al ciberespacio vigorizando ese derecho al gobierno participativo, así como la gobernabilidad y gobernanza, al construirse una ciudadanía más activa y potente para deliberar e involucrarse como actores, co-creando en el debate público proyectos y legislación. Además, en esta era digital los gobiernos y datos son más abiertos, existe más y mayor acceso a la información que propician transparencia, rendición de cuentas y desestimulan la corrupción, y el Estado se torna más moderno e inclusivo y en general aumenta la calidad democrática.
Ahora, esa llamada democracia digital no está exenta de retos y peligros, entre ellos la desinformación y noticias falsas. Estos fenómenos facilitados por la tecnología con profundas raíces políticas, económicas y comerciales, desdibujan realidades y crean otras mediante verdades contadas a medias o mentiras completas, relativismos queridos que perturban la percepción de la gente sobre lo verdadero, estimulando la confusión, violencia, polarización, el odio y miedo entre otras emociones que nublan la razón.
Las redes sociales se han convertido en los canales más eficientes para diseminar y viralizar la desinformación, sin que en Costa Rica todavía se produzca a gran escala, porque se ha presentado alrededor de temas complejos como la pandemia, de la tensión por agendas políticas (pensiones del lujo, reforma institucional, correcta aplicación de regla fiscal, etc.) o de coyunturas bienales como las elecciones, sin que pueda afirmarse que las noticias falsas, por ejemplo, hayan determinado resultados comiciales, particularmente si subyacían acumulados en el país problemas socioeconómicos estructurales y medibles que sí son cruciales para tomar decisiones.
Ante los retos de la vida digital en democracia, el artículo 9 de la Constitución Política ofrece el diseño y la ruta democrática más segura para enfrentarlos, porque correspondería al Gobierno de la República, ejercido por el pueblo y los Poderes, articular esfuerzos para que desde la colaboración de estos, la sociedad civil organizada, el sector empresarial y la academia a través de sus centros de investigación y observatorios de comunicación, bajo la coordinación del MICIT, propongan una política pública para la prevención y el combate de la desinformación y noticias falsas.
El BID ha señalado que además del asunto del poder y la autoridad, deben los gobernautas fijarse en las “…relaciones de participación y los flujos de actividad que, de forma natural, surgen en redes sociales de colaboración y el valor añadido que aportan las ideas de las personas, el respeto y la confianza”. Igualmente, el Foro de Gobernanza de Internet instalado por la ONU desde el año 2005, ofrece un espacio de encuentro e intercambio global para maximizar las oportunidades y enfrentar dichos riesgos y desafíos tecnológicos propios de y en la democracia.
En nuestro medio, un producto de dicha colaboración entre actores multinivel podría ser la creación de una Agencia u Observatorio Nacional de la Comunicación Digital, que independiente de grupos y partidos políticos y del Gobierno de la República, con recursos que habrá de poder captar para su financiamiento, y sin perjuicio de alianzas transparentes con aglomerados de la tecnología y comunicación como Facebook (META), monitoree, analice y evalúe especializadamente -y reprenda con fuerza moral- la desinformación y noticias falsas, proveyendo buenas prácticas de alfabetización digital e insumos al Gobierno en contextos de coyuntura política y social.
* Abogado