Recientemente el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, encaró al Poder Judicial al aseverar que incumplía con sus funciones e incluso indicó que la Fiscalía se usaba para “intereses canallas”. Tras las declaraciones, muchos corrieron a rasgarse las vestiduras y lanzaron las mil letanías de la separación de poderes. Luego ahí quedó todo. En Costa Rica, no hay escándalo que dure tres días.
Sin embargo, en el contexto actual vale hacer eco, y con vehemencia, a las palabras del mandatario, en el sentido de que la población puede percibir desde afuera que algo está mal hace mucho tiempo en la Administración Pública, pero se nota bastante turbio en el Poder Judicial. La pregunta es qué exactamente y hasta dónde abarca.
La población está cansada de ver cómo las leyes parecieran hechas a la medida de delincuentes, ladrones, asaltantes, violadores, estafadores, y especialmente aquellos pillos de cuello blanco que se sirven con cuchara grande de lo que es de todos. Y el mal es tan extenso que ya nadie sabe ni dónde comienza, pero sí que aprieta, y muy fuerte, a la población nacional. Incluso los habitantes murmuran que solo un pobre va preso.
En momentos cuando una banda de narcotraficantes logra salir en libertad porque, pese a todas las pruebas que constan sobre sus acciones, las leyes no habilitan luchar contra su práctica ilegal, porque se ilegalizaron los métodos para darles cacería, bien vale llamar a que se reflexione sobre quiénes hacen las leyes, para quiénes las redactan y con quiénes es el compromiso de los que deben velar por que se cumplan.
El hecho de que se deroguen y cambien leyes por el desorden de aprobarlas sin presupuesto es preocupante. El abogado defensor hace su trabajo y consigue la libertad de sus clientes, creando a la vez jurisprudencia para que muchos más puedan alegar lo mismo y el pueblo queda como el dicho del burro amarrado contra el tigre suelto.
De qué sirven las horas de vigilancia, seguimientos, que los efectivos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y las Policías arriesguen el pellejo si al final el sistema pareciera amañado para que vuelen en el horizonte las golondrinas. Aunque ya dijo un expresidente tristemente célebre que “una golondrina no hace verano”, es frustrante y preocupante el hecho de que la legislación costarricense más parece un berenjenal en que se hace justicia (ni pronta ni cumplida) solamente quien sabe cómo moverse entre las ramas e hilar fino, pero ni las sanciones ni las sentencias, ni los juicios ni los procesos parecieran equitativos ni igualitarios, ni justos ni expeditos.
El sistema judicial es famoso por su parsimonia. Hay casos en los que los fiscales se toman todo el tiempo del mundo, sino que lo digan la Trocha y el Cementazo. De igual modo, hay procesos que ni llevan tanto tiempo en trámite y ya se dictan allanamientos cuestionables, sino que lo diga DIARIO EXTRA.
Ante este panorama, la población se siente indefensa, algunos tratarán de tomar la justicia en sus manos y otros buscarán culpables. Sin embargo, como siempre en este país, nadie dice “esta boca es mía” cuando no se trata de echarse flores. Pero en medio de este tanate el pueblo puede identificar a los diputados en la Asamblea Legislativa, al Presidente de la República como cabeza del Poder Ejecutivo. ¿Y el Poder Judicial? Bien, gracias.
Estos señores y señoras, posiblemente la gran mayoría muy honorables, bien harían en transparentar la casa. Parecieran muy cómodos en un anonimato cómplice. No es de recibo que hace más de un año los costarricenses no cuenten con un fiscal general, mucho menos que se ignore quiénes son ni cómo acceden a tanto poder estas personas que no por ello deben estar ajenas al ojo público, mucho menos puede permitirse que se haga lobby para evitar que los verdaderos pesos y contrapesos entre los Poderes de la República se apliquen de manera que nadie esté por encima de la ley ni se sienta una especie de ser divino que no debe rendir cuentas a los mortales.
¿O es que no son mitos las historias del Olimpo judicial? Sus salarios no se los da la Divina Providencia, sino el pueblo de Costa Rica, que es señor y no súbdito, como para estar recibiendo migajas y desplantes, ya sea por acción u omisión.
En fin, ¿quiénes hacen las leyes, para quiénes las redactan, con quiénes es el compromiso de los que deben velar por que se cumplan? Eso es lo que desea saber el pueblo de Costa Rica.