La regla fiscal es un instrumento para el control del gasto público, sin embargo, como país deberíamos diferenciar entre gasto e inversión.
Definitivamente destinar recursos a los cuerpos policiales no es un gasto, sino inversión. La decisión recae directamente sobre los diputados de la Asamblea Legislativa.
Repetimos: ¿Para qué queremos estabilidad fiscal con una Costa Rica sumergida en la violencia? ¿Creerán las autoridades que esta crisis de confianza sobre la seguridad del país no afecta en nada la economía?
Los empresarios bien hacen en presionar a los legisladores para que aprueben los fondos que requieren tanto el Ministerio Público como el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
No hay que tener dos dedos de frente para entender cómo impacta esta situación a sectores que constituyen un motor de la economía, como el turismo, la inversión extranjera directa y las exportaciones.
Es claro que ningún país ha logrado acabar con el narcotráfico, pero hay lugares donde al menos estos grupos tienen menos posibilidades de ejercer un control.
En Costa Rica, por el contrario, parece que hemos dado muchas facilidades para que estos grupos penetren hasta en lo más profundo y se podría llegar a pensar mal en el sentido de que la falta de ayuda a los cuerpos policiales pueda ser intencional.
Nos parece que es vital la atención de la crisis migratoria, pero el Presidente debería estar en el país en momentos en que todos claman por una declaratoria de emergencia nacional.
La lógica dicta que se debería arreglar primero los problemas de adentro. Entretanto, los diputados son los llamados a responder esa pregunta: ¿Para qué estabilidad fiscal sin seguridad?
¿Realmente nos podemos hacer los ciegos frente a una bomba que tenemos en las manos? Y no se trata de decir “la responsabilidad no es mía”, nada ganamos con que un Poder de la República le eche la culpa a otro porque al final Costa Rica somos todos.
Un daño a la reputación del país nos saldrá mucho más caro que cualquier crisis fiscal. Es nuestra obligación dotar de recursos a los cuerpos policiales, pero además el colaborar con la elaboración de una estrategia integral de combate a la criminalidad.
Mientras los crímenes y la delincuencia van en alza, tanto el OIJ como el Ministerio Público deben trabajar con las uñas. ¿Eso es a lo que llamamos Costa Rica segura?