Para fortalecer el combate a la corrupción mediante la transparencia

El Frente Amplio ha presentado una iniciativa de ley con el objetivo de avanzar en materia de transparencia, permitiendo que información vital para poder identificar la corrupción sea absolutamente pública. Se busca permitir que la ciudadanía, los medios de comunicación y los diputados y diputadas en cumplimiento de sus funciones de control político, cuenten con información suficiente para combatir la corrupción de manera óptima.

Para alcanzar este propósito, se requiere modificar la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, en dos aspectos medulares:

En primer lugar, eliminar el carácter confidencial de las declaraciones patrimoniales que realizan personas funcionarias de alto nivel. Según indica la citada ley, las personas funcionarias, definidas en su numeral 21, deben hacer una declaración periódica sobre su situación patrimonial. Declaración que incluye información sobre los bienes, las rentas, los derechos y las obligaciones que constituyen su patrimonio del funcionario, tanto dentro del territorio nacional como en el extranjero.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 24 del mismo cuerpo legal toda esa información declarada es confidencial, limitándose su acceso a “las comisiones especiales de investigación de la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público o los tribunales de la República, para investigar y determinar la comisión de posibles infracciones y delitos previstos en la Ley”. En esta iniciativa se propone eliminar ese carácter confidencial de las declaraciones sobre situación patrimonial y que, al contrario, la totalidad de la información de esas declaraciones se haga pública, de acceso total, para toda la ciudadanía.

En segundo lugar, crear una nueva norma para hacer de acceso público la información sobre la totalidad de personas jurídicas (u otras estructuras jurídicas) en las que cada funcionario de alto nivel, su cónyuge, su compañera o compañero, o alguno de sus parientes, hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, participen como accionistas o beneficiarios finales.

Se plantea establecer que para todas las personas funcionarias con altos cargos y sus familiares se haga absolutamente trasparente y público en cuáles empresas (personas jurídicas) tienen intereses por ser beneficiarios finales o accionistas, permitiendo, para esos efectos, que el Banco Central proporcione la información correspondiente a la Contraloría General de la República, extrayendo dicha información del ya existente registro de accionistas y beneficiarios finales.

La lucha contra la corrupción solo es posible a través de la transparencia. La corrupción es un flagelo gravísimo, que daña las finanzas públicas, la calidad de los servicios públicos y erosiona la legitimidad de la democracia.

El Banco Mundial ha estimado que el costo de la corrupción global -cuantificando únicamente el pago de sobornos- es de aproximadamente 1 trillón de dólares, es decir, 1.000 billones de dólares anuales. Según un estudio de Acuña-Alfaro y Transparencia Internacional Costa Rica, tomando como base las estimaciones del Banco Mundial en relación con el porcentaje de sobornos del 3% de la economía mundial y considerando que la economía costarricense registra un Producto Interno Bruto de 16,1 billones de dólares “se podría estimar que la corrupción en nuestro país puede representar 483 millones de dólares (US$483.000.000) aproximadamente”. Considerando los últimos seis casos más graves de corrupción ocurridos en los últimos años se habría ocasionado una pérdida al país de más de ciento cincuenta mil millones de colones (¢150.377.500.000).

No es posible combatir el flagelo de la corrupción si no se cuenta con información pública, de acceso para toda la ciudadanía, que permita detectar el enriquecimiento de los corruptos, y que haga posible identificar los intereses económicos de los altos mandos para denunciar sus conflictos de intereses y cualquier delito relacionado.

Con esta iniciativa desde el Frente Amplio pretendemos fortalecer profundamente la transparencia, haciendo del conocimiento de toda la ciudadanía información patrimonial de los altos mandos del sector público, de manera que se permita a esa misma ciudadanía identificar los intereses económicos de los altos mandos.

También resulta indispensable transparentar la participación de estas personas funcionarias en sociedades y otras estructuras jurídicas similares. Actualmente, es imposible identificar graves casos de tráfico de influencias y otros delitos por la opacidad que producen las estructuras jurídicas. La ciudadanía no tiene herramientas para identificar si un diputado, un director, un ministro, o cualquier otro alto mando es beneficiario de una empresa. Y dicha limitación la imposibilita para identificar si ese alto funcionario actúa, con el poder emanado de su cargo, para favorecer los negocios privados de esas empresas de las que es partícipe.

Gracias a la creación del registro de accionistas y beneficiarios finales, en la Ley de Lucha Contra el Fraude Fiscal, estamos ya en posibilidad de conocer la totalidad de empresas en las que cualquier ciudadano o ciudadana participa como beneficiario final o accionista. Pero esa información aún hoy es confidencial. No se publica, y solo puede ser utilizada guardando la confidencialidad por parte de la Administración Tributaria, el Instituto Costarricense sobre Drogas y el Poder Judicial.

Esa confidencialidad es aceptable para la generalidad de la ciudadanía. Pero no lo es para aquellos ciudadanos y ciudadanas que asumen cargos de alto mando político. Para estas personas es absolutamente indispensable el mayor grado de transparencia: la ciudadanía debe tener derecho pleno a conocer los intereses económicos de esos jerarcas y sus familiares, para poder identificar, denunciar y evitar conflictos de intereses y tráficos de influencias, y cualquier transgresión en el campo de lo delictivo o lo ético.

En síntesis, esta iniciativa representa un avance decisivo en materia de trasparencia y, en consecuencia, significa un paso importante en el combate a la corrupción. Tiene, además, un sólido respaldo en la Convención Interamericana contra la Corrupción, ratificada por Costa Rica.

Para combatir este profundo embate de la corrupción, de los corruptos que utilizan el poder político como medio para beneficiar negocios privados, la Asamblea Legislativa debe hacer que nuestra legislación dé pasos significativos hacia la más amplia transparencia.