Paola Mora se pone a disposición de la Fiscalía

La expresidenta del Banco de Costa Rica (BCR), Paola Mora, se puso a disposición de la Fiscalía General de la República.

Así lo hizo mediante una nota recibida el 5 de noviembre por el Ministerio Público. 

Esto luego de que trascendiera en medios de comunicación que la Fiscalía la buscaba para hacer una indagatoria e incluso detenerla. 

“En consulta con mi abogado, el licenciado José Miguel Villalobos (….) He decidido ponerme a plena disposición de ustedes, para ser citada al momento en que requieran de mi presencia y manifestar todo lo que conozco de la presente causa y colaborar activamente con la investigación”, indica la nota. 

Esta dio sus números de celular y correos electrónicos para ser contactada por las autoridades en caso de ser necesario. 

Villalobos manifestó que desde el 11 de julio se había enviado otra nota similar, pero ante los acontecimientos recientes y los rumores de ayer se prefirió reiterarla.

El artículo 237 del Código Procesal Penal establece que la detención solo procede si hay sospechas suficientes de que la persona se va a fugar o sustraer de la justicia. Con la nota está claro que no es así y si se requiere la presencia, basta una orden de presentación.

La nota de Mora hace referencia al expediente 16-000013-33-TP contra Juan Carlos Bolaños Rojas y otros. Está dirigida a dos fiscales. 

EXPEDIENTE DEL CEMENTAZO

DIARIO EXTRA consultó al Ministerio Público cuál es esta causa e indicaron mediante la oficina de prensa: “El expediente de su interés es en el cual se investiga a los señores Bolaños Rojas y Céspedes Salazar, es el mismo caso que fue reabierto por la Fiscalía Anticorrupción, en setiembre anterior, después de haber sido desestimado por el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José”. 

Recordaron que actualmente, como todos los asuntos relacionados con el caso \”cemento chino\”, se tramita en la Fiscalía General. 

“En particular, significa que el expediente principal (15-000022-0033-PE) en el cual se denunció a cuatro personas (Guevara Guth, Morales Zapata, Bolaños y Céspedes) quedó para investigarse en la Fiscalía General, pero únicamente por las acciones de los señores diputados, porque así lo establece la ley para las personas que tienen un fuero especial”, señaló la Fiscalía. 

Las dos personas que no tienen inmunidad (Céspedes y Bolaños) se incorporaron en otra causa penal, mediante un testimonio de piezas, para ser investigadas en otro despacho del Ministerio Público.

Con respecto al ofrecimiento de Mora, la Fiscalía manifestó que no era posible confirmar los datos, por formar parte del cúmulo de investigaciones que dirige la Fiscalía General en el caso del \”cemento chino\” y los créditos otorgados por el Banco de Costa Rica.

A AUDIENCIA

El Tribunal Penal de Hacienda del II Circuito Judicial de San José realizará el martes 14 de noviembre de 2017, a partir de las 8 a.m., la audiencia de apelación a la prisión preventiva de directivos bancarios y empresario de apellido Bolaños. 

La audiencia es oral y privada por disposición de ley.

La Fiscalía General dijo a DIARIO EXTRA las causas para solicitar la medida cautelar de prisión preventiva contra los siete imputados.

En el caso de Bolaños Rojas se habla de peligro de fuga, falta de arraigo laboral y otros aspectos como la magnitud del daño causado por la afectación a la institucionalidad del país, y la posible pena a imponer ante un eventual juicio, ya que el peculado tiene una sanción máxima de 12 años de prisión.

En cuanto a Barrenechea Coto, Corrales Barboza, Víquez Lizano, Acuña Alvarado, Ramírez Rodríguez y Barrantes Campos, se habla de peligro de fuga, ya que sus condiciones económicas facilitan sus salidas del país, así como la alta pena a imponer, la magnitud del daño causado, por afectación a la institucionalidad del país, ya que son altos jerarcas de un banco estatal de renombre y trascendencia. 

Además del peligro de obstaculización, al tratarse de personas con alto poder y jerarquía dentro de la institución, permitiría que pudieran influir para que personal subalterno no preste colaboración a las autoridades o, de ser requeridos, puedan desaparecer prueba para el caso.

Los abogados de Bolaños y Barrenechea han insistido en que no hay tales riesgos, dado que siempre mostraron anuencia a colaborar con las autoridades.