PANI solo construyó 4 obras urgentes durante los últimos 6 años 

La Contraloría General de la República (CGR) señaló serias deficiencias en la gestión de infraestructura física del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) durante el periodo 2023-2025, al advertir que la institución no cumplió con el marco normativo ni técnico en aspectos clave de construcción, mantenimiento y ampliación de instalaciones.

El informe detalla que, en 2019, el PANI planificó la ejecución de 38 nuevas obras; sin embargo, únicamente se concretaron cuatro, lo que refleja que un 89% de las necesidades en infraestructura siguen pendientes de atención y solo se cumplió con un 11%. 

Para esas nuevas obras, la institución contaba con un fideicomiso de ¢15 mil millones desde el año 2018 para las 38 nuevas obras que estaban previstas, no obstante, el 60% de los recursos fueron destinados a gastos administrativos. 

“No se ejecutaron las obras previstas a pesar de contar con recursos financieros y necesidades identificadas desde 2018; siendo que el fideicomiso creado para ello no concretó la infraestructura planificada”, señaló el ente contralor. 

Respuesta institucional 

Tras la notificación del informe, la institución reaccionó mediante un comunicado de prensa en el que afirmó que el documento del ente contralor contiene “imprecisiones que faltan a la verdad”. 

El PANI argumentó que el fideicomiso se cerró de forma amistosa desde enero de 2025 y que el atraso en la ejecución de obras respondió a factores externos como la pandemia, el IVA y la regla fiscal. 

La institución insistió en que la construcción de nuevos albergues no es una prioridad actual, ya que su enfoque está en la desinstitucionalización y el fortalecimiento del acogimiento familiar.

“Crear albergues se contrapone con el derecho de los niños, niñas y adolescentes de crecer y desarrollarse en una familia. En este momento, nuestro trabajo se concentra en la desinstitucionalización y en la ubicación de las personas menores de edad en acogimiento familiar”, indicaron.

Además, señalan que el fideicomiso sigue a su disposición. 

“Contamos con una propuesta para la redistribución de los recursos del fideicomiso, que incluye el reforzamiento y mejora de la infraestructura necesaria y prioritaria; además, del fortalecimiento del acogimiento familiar”, indicaron. 

Otras debilidades 

 La CGR también identificó deficiencias en el mantenimiento, remodelación y ampliación de la infraestructura existente del patronato. Entre 2023 y 2024, la ejecución de los recursos destinados a infraestructura alcanzó apenas el 58% del presupuesto asignado.

Estas carencias afectan a albergues, aldeas y oficinas locales, muchas de las cuales se encuentran en un estado crítico, comprometiendo la calidad de los servicios que se brindan a menores de edad.

La auditoría también determinó que el programa de mantenimiento MIPANI, creado en 2018, opera de manera reactiva, atendiendo emergencias como órdenes sanitarias o recursos de amparo, sin una planificación preventiva.

Apenas 3 de 9 proyectos programados entre 2023 y 2024 fueron completados. El resultado es un deterioro progresivo de oficinas y albergues, muchos de ellos valorados como “inadecuados” o “totalmente inadecuados” para brindar servicios.

Actualmente, 56,4% de los inmuebles del PANI son alquilados, con un gasto de ¢3.426,5 millones entre 2023 y 2024, cifra que creció 58% desde 2020.

Disposiciones 

La Contraloría ordenó crear un portafolio de proyectos de infraestructura que incluya obra nueva, mantenimiento y ampliaciones, con base en la normativa de Mideplan y el fideicomiso PANI-BNCR. La institución deberá certificarlo a más tardar el 30 de enero de 2026 y presentar informes de avance en junio de 2026 y enero de 2027.

Además, se instruyó implementar un mecanismo permanente de diagnóstico de necesidades antes de abril de 2026 y ajustar el documento de estandarización de infraestructura para garantizar condiciones seguras y dignas en sus centros, a más tardar el 29 de noviembre de 2025.