El departamento Financiero del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) puso el grito en el cielo cuando le llegó una factura por ¢3,6 millones, cargados a uno de los celulares de la institución, precisamente el asignado a la auditora María Auxiliadora Chaves.
Iris Arias, presidenta ejecutiva, se mostró sorprendida por lo sucedido porque hasta la semana pasada no le habían comunicado estos hechos. De manera que cuando se enteró, de inmediato ordenó una investigación de los hechos para sentar las responsabilidades del caso.
“Lo que se me dice inicialmente es que se trata de un uso inadecuado de la nueva tecnología. Al parecer la auditora tiene un teléfono moderno (smartphone) que mantiene activo el sistema de Internet y ella no lo sabía. Me explicaron que eso se tuvo que pagar mientras se investigan los hechos, ya que de lo contrario nos cortaban el resto de teléfonos”, declaró Arias.
Entre las gestiones que se ordenó efectuar está confirmar esta versión de los hechos, a través del operador telefónico, quien deberá responde en los próximos días.
“Según mi entender mientras no usara el aparato, no se incurriría en ningún costo, excepto el de mensajes o llamadas. De hecho ese monto que están cobrando por concepto de llamadas y mensajes no sobrepasa la tarifa mínima establecida por la institución.
Cabe señalar que desde hace muchos años el número asignado por la institución cuenta con el sistema roaming internacional, aun antes de existir el acceso a Internet, pero hasta ahora uso un teléfono denominado inteligente”, explicó Chaves.
DE VACACIONES
A pesar de que esta versión quede confirmada, la junta directiva del PANI deberá determinar si toma medidas sancionatorias en contra de la funcionaria, ya que el gasto de teléfono se registró en un momento en que se encontraba de vacaciones.
Arias también reconoció que a pesar de que se logre corroborar esta versión, no entiende por qué si la auditora se encontraba de vacaciones se atribuyó el derecho de llevarse un bien de la institución para su uso personal.
“Ese es otro punto que se está investigando, ya que entendemos que hay puestos que por su condición requieren estar accesibles en todo momento, pero habría que ver si el de la auditora está dentro de esos. Eso es parte de lo que se está revisando en este momento”, agregó.
En caso que se encuentre responsable a la auditora por el mal uso de bienes del Estado, la junta directiva podría desde cobrarle la diferencia hasta ordenar su destitución.