PANI no puede garantizar estancia de menores en albergues

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) reconoció que no puede garantizar que las personas menores de edad permanezcan en sus albergues.

Según su presidenta ejecutiva, Kennly Garza, estos espacios no operan como centros de reclusión, sino como hogares temporales de protección.

Actualmente, el PANI atiende a 1.990 menores que han sido separados de sus familias por situaciones de agresión, negligencia o riesgo grave. 

De este total, 79 en albergues y 185 en alternativas residenciales, es decir, 264 se encuentran en conflicto con la ley penal juvenil; A pesar de lo anterior, permanecen en albergues y no en centros de detención.

En el último año, y medio, 858 menores se han fugado de residencias temporales.

Datos

Según Garza, dichos espacios deben parecerse a un entorno familiar, sin encierros ni vigilancia estricta. 

Además, deben estar a cargo de cuidadores que acompañan a los menores, los trasladan a citas, apoyan en sus estudios y promueven normas de convivencia. 

En promedio, cada albergue tiene entre 8 y 30 personas.

Actualmente, el PANI gestiona directamente 46 de ellos y mantiene convenios con 56 operados por organizaciones no gubernamentales (ONG). 

Mientras los menores residen en estos espacios, la institución trabaja con sus familias para corregir factores de riesgo como violencia, adicciones o enfermedades mentales. Durante la estancia, se garantiza alimentación, vestimenta, educación, atención médica y apoyo psicosocial.

Sin embargo, la convivencia enfrenta desafíos. 

Las fugas son uno de los más complejos, especialmente entre adolescentes con antecedentes de consumo de drogas o conductas disruptivas. 

En algunos casos, los menores regresan por voluntad propia; en otros, son ubicados por la Fuerza Pública o el OIJ. 

Cada incidente activa el protocolo de persona desaparecida.

“La casa no tiene rótulo. Nadie sabe que es un albergue. Por seguridad, hay portón con llave, pero si un menor se escapa, lo hace brincando la tapia, rompiendo una ventana o saliendo por el techo”, explicó Garza.

Muchos menores llegan con patrones de conducta desadaptativos. Al enfrentarse a un entorno estructurado, con rutinas y normas, algunos rechazan la autoridad. Las fugas pueden ocurrir tanto desde el albergue como durante traslados escolares.

Entre los motivos para huir se encuentran el deseo de buscar familiares o amigos, la necesidad de consumo de drogas o los efectos de la abstinencia.

Algunos simplemente salen a caminar. En todos los casos, el PANI reporta de inmediato al OIJ, que activa el Sistema Nacional de Protección.

“¿Cómo evitar que se escapen? No es posible garantizar en este momento que ninguno se escape. Hay chicos de 17 años que miden dos metros. No están bajo privación de libertad. Son personas protegidas, no castigadas, y tienen autonomía para ciertas decisiones, como asistir a la escuela o participar en actividades recreativas”, indicó Garza.

Ante esta realidad, el PANI trabaja en establecer límites, acompañamiento y apoyo terapéutico. Sin embargo, revertir los efectos de entornos violentos, abusivos o negligentes requiere tiempo y enfrenta resistencias. 

Algunos menores rechazan o abandonan los tratamientos.

Modelo especializado

Ante el aumento de casos complejos, el PANI informó que en las próximas semanas la junta directiva aprobará un modelo especializado de albergue o alternativa residencial para menores que, aunque vulnerados en sus entornos familiares, requieren cuidados diferenciados por presentar problemas de consumo, conductas disruptivas o desafiantes.

A pesar de estas condiciones, continúan bajo protección institucional.

“La institución finalizó el diseño del modelo, que incluye una metodología específica de atención. Este enfoque fue revisado por la Defensoría de los Habitantes y por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, ya que el PANI no puede operar bajo esquemas de contención, privación de libertad o castigo”, detalló Garza.

Además, como parte del proceso de innovación institucional, el Patronato desarrolló una plataforma tecnológica que permite llevar trazabilidad de ingresos, egresos y permanencias en los albergues. Esta herramienta facilita identificar a los menores en conflicto con la ley penal juvenil y dar seguimiento a cada caso.

El PANI mantiene una coordinación permanente con la Fiscalía de Niñez y Adolescencia y con el Poder Judicial. Asimismo, cuenta con un protocolo para atender egresos no autorizados.