La situación económica del país no era la mejor desde hace algunos años, sin embargo de manera categórica podemos afirmar que la pandemia vino a sepultar los negocios costarricenses y algunos extranjeros, que se dieron cuenta que en otros lugares tenían mejores condiciones.
Es lamentable ver cómo uno de los hallazgos del Informe Estado de la Nación 2021 es que el año anterior por lo menos se perdieron 200.000 empleos y quizá lo más lamentable de esto es que muchos aún no se recuperan.
Entonces nos preguntamos de qué están viviendo las familias que dependían de estos empleos. Es triste saber que miles de personas que llevaban una vida relativamente normal, hoy sencillamente viven con lo que van consiguiendo en algunos casos y en otros de la caridad.
La falta de reactivación económica sigue evidenciando un doble discurso del gobierno de Carlos Alvarado. Si bien no se dice nada nuevo, genera un sinsabor observar cómo las autoridades lanzan cortinas de humo al hablar sobre acciones que al final no se concretarán.
De nada sirve que desde un podio, para las cámaras fotográficas y de televisión, se lea un montón de líneas vacías que al final no se convertirán en más empleos, ni oportunidades de crecimiento para la población.
Lastimosamente desde que comenzaron los gobiernos del PAC la situación económica se agravó. No podemos obviar la gran cantidad de empresas que cerraron sus puertas en la administración de Luis Guillermo Solís.
Desde el principio de su mandato Carlos Alvarado hizo una serie de promesas que hoy, casi cuatro más después, no pasan del papel donde estaban escritas.
El manejo de la pandemia a nivel económico no solo vino a quebrar más negocios que venían subsistiendo con mil costos, sino también a traerse abajo otros que estaban bien, pero no aguantaron las improvisadas ideas de las autoridades.
Muchos negocios permanecieron cerrados, perdiendo mercadería, viendo cómo pagaban los servicios y proveedores, así como alquileres y otros compromisos.
Lo peor es que en los últimos meses el gobierno ha vendido humo cuando anuncia que una empresa se instalará en Costa Rica o expandirá sus operaciones, tal como sucedió en las últimas dos administraciones, porque muchos de estos nuevos empleos no vienen a sustituir los perdidos, puesto que no son para los afectados por la pandemia.
Que nadie venga a decir que una empresa de tecnología les dará trabajo a todas aquellas personas que laboraban en una tienda, un restaurante o un bar. Pues no, esos puestos que anuncian no arreglan en nada la precaria situación que enfrentan miles de familias.
No se puede atribuir todo a la pandemia, como consecuencia de la no generación de empleos, cuando desde mucho tiempo atrás había un problema severo a nivel estructural que ningún gobierno fue capaz de solucionar para atender las principales necesidades de la población.
Tampoco podemos dejar de pensar en todos los que tuvieron que migrar al sector informal, que si bien contribuye a disminuir los índices de pobreza, en reiteradas ocasiones se asocia con empleos precarios y de bajos ingresos, los cuales se encuentran fuera de las estructuras jurídicas e institucionales de la economía moderna.
Es importante saber que las personas que laboran bajo esa condición son aquellas que carecen de acceso a los mercados modernos de capital, a la capacitación formal y a los sistemas oficiales de seguridad social, por lo cual reciben muy poca protección legal y estatal.
Lo anterior hace que muchos ciudadanos decidan laborar bajo esas condiciones porque no tienen otra opción y deben llevar el sustento a sus hogares.
Viene un proceso electoral en el que normalmente quienes buscan tomar las riendas del país usan el trillado discurso populista de generar 200.000, 400.000, 500.000 e incluso 1.000.000 de empleos.
No se deje engañar con palabrería barata, exija siempre conocer cómo se pretende hacer, porque el voto se debe dar acorde con la realidad del país y determinar si la meta se torna viable en cuanto a las principales necesidades que enfrenta nuestra sociedad.