(EFE) La COP29 (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) llegó a un acuerdo financiero por el cual los países ricos pagarán $300 mil millones al año al mundo en desarrollo para costear allí la acción climática.
Esto se acordó tras 2 semanas de intensas negociaciones, momentos de crisis y “caos” en su tramo final.
Por qué es importante:
- Los estados pudientes se comprometieron a asumir una parte de la factura que la transición ecológica y la adaptación climática comporta para los países del sur global, que son los menos responsables históricos del calentamiento global y, al mismo tiempo, los que más sufren sus consecuencias.
- Los negociadores pasaron las últimas 2 semanas discutiendo en la capital azerí los detalles de este objetivo, que según se acordó establece la cantidad de $1,3 billones anuales para 2035.
- De ese monto, $300.000 millones (287.000 millones de euros) deberán proveerse a través de ayudas y movilización de fondos privados con respaldo público.
El texto reitera una de las demandas que estos estados con menos recursos llevan años manifestando en estos foros: la reforma de la arquitectura financiera internacional.
Los países señalan que esta deberá “abordar los obstáculos” a los que se enfrenta el mundo en desarrollo a la hora de acceder a la financiación climática, eliminando por ejemplo las barreras y los elevados costes de capital, las limitaciones fiscales, los “niveles insostenibles de deuda” o los altos costes de transacción.
Reconoce asimismo la necesidad especial de acercar “recursos públicos, subvenciones y financiación en condiciones muy favorables, en particular para la adaptación y la respuesta a los daños y perjuicios” del cambio climático en los países “menos adelantados” y en “los pequeños estados insulares en desarrollo”.
Contamina, pero paga la factura
Las partes reafirman el principio del Acuerdo de París que hace referencia a las responsabilidades compartidas, pero diferenciadas de los países en la crisis climática: los considerados “desarrollados” –pudientes– emiten más gases de efecto invernadero que los llamados “en desarrollo”, y, por tanto, las partes consideran que deben asumir buena parte de la factura.
El grupo de economistas de alto nivel al que la ONU encargó un informe sobre financiación climática cifró en $2,4 billones anuales el coste de la transición y adaptación climática en el mundo en desarrollo para 2030, pero calculó que, de esa cantidad, $1,4 billones podrán aportarlos los países del sur global de sus propios bolsillos, mientras que el billón restante deberá provenir de financiación externa.
Las categorías “desarrollados” y “en desarrollo” responden a una clasificación que data de 1992, año en que nació la Convención de la ONU sobre Cambio Climático, producto de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro.
Pero ahora, 32 años después, países desarrollados como Estados Unidos o la Unión Europea arguyen que el mundo ha cambiado, y ya no pueden considerarse en desarrollo, por ejemplo, China, Emiratos Árabes Unidos o Kuwait.
Pero el texto acordado en Bakú “alienta” a los países en desarrollo a que hagan contribuciones “voluntarias” para alimentar la financiación climática de 1,3 billones anuales dirigidos hacia países del sur global.
