País pierde millones por cambio climático

Más de ¢859 mil millones es el costo económico que el cambio climático y los eventos hidrometeorológicos extremos han cobrado a Costa Rica en el periodo comprendido entre 2011 y 2025. Esta cifra monumental, que equivale a una parte significativa del Producto Interno Bruto, refleja la fragilidad de un modelo de desarrollo que no ha logrado blindar su infraestructura pública vital ante la crisis ambiental, generando, además, la lamentable pérdida de 57 vidas humanas por desastres en la última década.

Así lo advierte la Contraloría General de la República (CGR), que además señaló que existe un grave riesgo de que estas cifras se incrementen debido a una serie de recortes generados desde el Gobierno.

“Mejorar esto es vital para evitar el deterioro acelerado y los sobrecostos, así como para garantizar los servicios continuos y la protección de la integridad humana ante desastres”, señaló Lía Barrantes, del Área de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible.

Lia Barrantes

Contraloría General 

de la República

“La evaluación de riesgos obtuvo la calificación más baja de un 42%, donde nueve de 21 instituciones carecen de un enfoque multiamenaza. Solo dos instituciones cuentan con inventario de obras críticas y 14 entidades no miden el impacto social de sus obras”.

Según señaló la institución, se analizó el funcionamiento del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), que apenas lograron alcanzar un 56% de medidas de resiliencia al cambio climático.

Según la CGR, “estos resultados muestran la persistencia de un modelo de gestión reactivo, centrado en la reparación y reconstrucción en lugar de la prevención”, lo que obliga al Estado a operar con “fragilidad” ante los daños que se ocasionan a las obras públicas por las amenazas de la naturaleza, situación que generó los costos millonarios.

Impactos críticos en carreteras, energía y combustibles

El sector movilidad es el más golpeado, con pérdidas que ascienden a aproximadamente ¢86 mil millones en daños a la red vial nacional entre 2021 y 2025. 

El informe de fiscalización destaca que “al no gestionar el riesgo desde la etapa de preinversión y carecer de planes financiados de mantenimiento en la fase de postinversión, la infraestructura pública de movilidad enfrenta un deterioro acelerado y una obsolescencia temprana”.

Por su parte, el sector de electricidad, aunque presenta un mayor avance relativo, registró pérdidas por ¢199 millones en el mismo periodo debido a emergencias declaradas que afectaron la red administrada por el ICE y la CNFL.

En el ámbito de los hidrocarburos, Recope presenta un modelo de gestión denominado “hacia adentro”, es decir, que prioriza la protección de sus activos
industriales, pero ignora casi por completo el impacto en las comunidades aledañas.

La CGR es tajante al señalar que la institución omite indicadores socioeconómicos, invisibilizando costos sociales ocultos como la limitación de oportunidades educativas o la pérdida de acceso a recursos vitales para las familias durante un desastre.

Debilitamiento financiero

Mientras la vulnerabilidad aumenta, las instituciones responsables de la vigilancia climática enfrentan recortes drásticos que comprometen la seguridad nacional, según denuncia la Contraloría.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN), responsable de las alertas tempranas, sufrió un recorte del 26,8% en su presupuesto asignado para 2025, según ejemplificaron los informes.

Sobre este punto, la institución subrayó que “garantizar el financiamiento de estas redes es de vital importancia porque representan una de las primeras líneas de defensa para la protección de la vida humana, las inversiones y los medios productivos del país”, pues, sin estos recursos, existe un riesgo inminente de que los equipos de monitoreo, expuestos a inclemencias ambientales, interrumpan sus servicios por falta de mantenimiento.

La asfixia presupuestaria también afecta la fase de preinversión del MOPT y el Conavi, donde los fondos actuales son insuficientes para realizar estudios hidrológicos y geológicos especializados antes de construir.

La CGR expresó que esto genera un círculo vicioso en el que se sigue invirtiendo en obras que fallarán nuevamente, puesto que “se invierte en reparar y reconstruir infraestructura que muy probablemente volverá a fallar ante el próximo desastre climático, destinando cuantiosos recursos a la reparación y reconstrucción de activos en lugar de prevenir”.

El informe concluye que la falta de planes de mantenimiento preventivo protegidos contra recortes demuestra que la adaptación climática aún no es una prioridad central de la gestión pública.

De los 69 proyectos de infraestructura vital que se encuentran actualmente en operación en el país, 49 reciben un mantenimiento parcial o nulo por parte de las instituciones responsables.