Según datos de la OCDE
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) reveló en su más reciente informe titulado “Tributación del tabaco en América Latina y el Caribe”, que Costa Rica destina más de ¢125.000 millones a gastos médicos de fumadores.
Esto es similar a la suma de los presupuestos 2025 de al menos seis ministerios y tres instituciones, entre ellas la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes.
Este gasto se deriva de los costos de hospitalización, atención médica, medicamentos y terapias de quienes sufren enfermedades relacionadas con el tabaco.
Además de otras aristas, como el tratamiento de la adición a la nicotina, que supone costos adicionales, como los servicios de asesoramiento, los tratamientos de sustitución con nicotina y los productos farmacológicos, como los parches de nicotina o algunos medicamentos sujetos a prescripción médica destinados a ayudar a dejar de fumar.
Adicionalmente, hay costos medioambientales asociados al consumo, desde el impacto de la producción y fabricación del tabaco, la gestión de los residuos durante el proceso de elaboración, transporte y venta hasta el consumidor final y los residuos que genera.
“Muchas estimaciones no tienen en cuenta diversos costos adicionales, lo que provoca una subestimación significativa de los costos reales del uso de tabaco”, alerta la OCDE.
Asimismo, la pérdida de capital humano resultante de la morbilidad y la mortalidad atribuibles al tabaquismo es tan elevada como los costos de salud que son generados para la sociedad.
PIDEN MÁS IMPUESTOS
De los ¢125.000 millones que se utilizan para la atención médica, apenas un 26% es cubierto por el impuesto que se recolecta de la venta, es decir, ¢32.500 millones.
“Dos estudios han calculado la recaudación tributaria y los costos asociados al consumo de tabaco y concluido que la actual recaudación de los impuestos al tabaco cubre solo una parte de los costos económicos atribuidos a su consumo”, señala el organismo.
Ante este escenario, lo que recomienda la OCDE es realizar un ajuste tributario que permita aumentar, tanto la recaudación para cubrir los gastos médicos como para reducir el consumo.
“Subir los impuestos para aumentar el precio de los cigarrillos generaría beneficios significativos para la salud y la economía, por ejemplo, se calculó que aplicar un aumento del 50% mediante una subida de los impuestos en doce países podría evitar más de 300.000 muertes y prevenir 1,3 millones de enfermedades”, añadieron.
En el país, la Red Nacional Antitabaco ha sido enfática en que se necesita un ajuste a los impuestos de los productos derivados del tabaco, ya que, aunque los impuestos son la medida más costo-efectiva para reducir el consumo, la estructura impositiva no ha variado desde 2012, aun cuando el precio ha ido creciendo en términos reales.
“Ya es hora de que se aumenten los impuestos, Costa Rica está entre los países con menor cobro impositivo de las Américas”, señala Nydia Amador, presidenta de la Red.
Actualmente en la Asamblea Legislativa existe una iniciativa de Gilbert Jiménez, diputado del Partido Liberación Nacional, la cual plantea un cambio en el impuesto que finalmente encarecería el precio final de los cigarrillos.
Lo cual serviría no solo para mejorar la recaudación y reducir el consumo, sino también para combatir el mercado ilegal que poco a poco ha ido ganando terreno en Costa Rica.
EL FUMADO EN C.R.
En 2012 se promulgó, bajo el expediente N° 9.028, la Ley General de Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la salud, un proyecto que pretendía establecer y regular el consumo para mitigar sus efectos ambientales, sanitarios y sociales en la población costarricense.
Su debate suscitó diversos criterios médicos y económicos de quienes cuestionaban realmente si el contenido de imágenes informativas en una cajetilla o prohibir la venta de cigarrillos sueltos iba a convencer a los fumadores a dejar este vicio.
Aunque ya desde 1995 se dieron los primeros pasos en regular el consumo, al prohibirlo en centros de salud y entidades educativas, la Ley 9.028 fue la que, con su contenido más sustancial, puso las primeras trabas a las tabacaleras en beneficio de la salud de los ticos.
Doce años después de la implementación de dicha norma, miles de costarricenses siguen consumiendo activamente los productos y, aunque fumar es una maña que no se le ha quitado del todo a los ticos, lo cierto es que el poner fotos de pulmones negros, úlceras en la boca y fetos muertos (entre otras acciones que impuso la Ley) sí lograron un cambio positivo.
Según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas de 2010, elaborada por el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), cerca de 434.000 personas eran fumadoras activas, cifra que para 2022 llegó a los 348.000, según el análisis de Costa Rica, hecho por la Encuesta Mundial de Tabaco.
Asimismo, la baja de fumado en la última década también se ha visto reflejada en una disminución en los registros de cáncer de pulmón, ya que, según datos del Ministerio de Salud, los casos reportados fueron 229 en 2012, 228 en 2016, 226 en 2020 y el último reporte en 2022 registra apenas 164.
Pese a estos números, un elemento que se perfila como amenaza ante la lucha por disminuir el éxito de la Ley, es la aparición de los dispositivos electrónicos para el consumo de nicotina, conocidos como vaporizadores o vapeadores.
La migración de consumo de los cigarrillos a los vaporizadores ha sido un evento calcado a nivel mundial. Los datos de la Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos revelan que el fumado sigue en franca disminución, desplazado por el vapeo.
