País enfrenta retos contra la violencia sexual infantil

Más de 96 mil denuncias por situaciones violatorias contra personas menores de edad fueron recibidas por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) durante 2025, de las cuales un 5% estuvo relacionado con violencia sexual. 

El dato forma parte de los indicadores presentados por organizaciones y especialistas que advierten sobre la dimensión de esta problemática en Costa Rica.

El Centro de Comunicación Educativa Voces Nuestras, el Movimiento de Voces Libres contra la Violencia Sexual, la iniciativa regional Resilientes e Inquebrantables y FCAM presentaron un pronunciamiento nacional con demandas dirigidas a fortalecer la prevención, atención y protección de niñas, niños y adolescentes frente a la violencia sexual. 

Denuncias y atenciones 

Los datos incluidos en el pronunciamiento señalan que Costa Rica figura entre los principales países con mayor violencia sexual infantil, según una investigación publicada por la revista médica The Lancet. 

A esto se suman las cifras de instituciones nacionales relacionadas con la protección y atención de personas menores de edad. Durante los primeros tres meses de 2026, el Ministerio de Educación Pública (MEP) reportó 55 personas menores de edad que denunciaron ser víctimas de hostigamiento sexual. 

En 2024, además, se registraron 13.108 atenciones por abuso sexual a niñas, niños y adolescentes en los servicios de consulta externa y emergencias de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Ese mismo año ingresaron al Ministerio Público 9.650 casos relacionados con delitos sexuales contra personas menores de edad.

Lo anterior también trasciende lo nacional, ya que, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada cinco mujeres y uno de cada siete hombres declara haber sufrido abusos sexuales durante la infancia. 

Unicef, por su parte, estimó en 2024 que alrededor de 90 millones de niños habían sufrido episodios de violencia sexual en el mundo.

Las organizaciones plantearon algunas demandas para que haya cambios en este tipo de violencia. Entre ellas se encuentran eliminar barreras para investigar y sancionar estos delitos, recuperar políticas públicas de prevención, fortalecer la institucionalidad y promover entornos seguros en comunidades, centros educativos e instituciones religiosas. 

Anthony Venegas, sobreviviente de violencia sexual, señaló que la respuesta frente a estos delitos debe involucrar tanto al Estado como a la sociedad. 

Venegas fue uno de los impulsores de la Ley Derecho al Tiempo en 2019 y actualmente considera necesario avanzar hacia la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra personas menores de edad.

“Creo que lo que necesita el país primeramente es entender que la lucha en contra de la violencia sexual a menores de edad no es solo de los sobrevivientes, sino también de la sociedad y del Estado. Que haya más educación, que la gente entienda que estas son cosas difíciles de vivir”, dijo a este medio. 

Por su parte, Alejandra Morales, integrante del movimiento Voces Libres, señaló que la educación sobre el cuerpo y los derechos de las personas menores de edad es clave para prevenir la violencia sexual.

“Entonces, la educación se convierte en una de las herramientas fundamentales para prevenir este tipo de sucesos y, aun cuando hayan sucedido, las personas menores de edad puedan pedir ayuda”, concluyó. 

Anthony Venegas

Sobreviviente de violencia

“Hay que tomarse este tema en serio, porque tristemente la violencia sexual en contra de menores de edad es otra pandemia. No hay una familia en este país donde no haya un caso de violencia sexual y eso es algo que tiene que acabar”.

Alejandra Morales

Movimiento Voces Libres

“Necesitamos sanar esta sociedad, quitar la culpa y la vergüenza de las personas sobrevivientes y enfocarnos en quienes están cometiendo este tipo de violencias para que no ocurran”.

Demandas de organizaciones para enfrentar la violencia 

• Fortalecer el acceso a la justicia. 
• Recuperar políticas de prevención. 
• Fortalecer las instituciones responsables. 
• Crear entornos seguros para menores. 
• Evitar la revictimización. 
• Garantizar atención integral y salud mental. 
• Reforzar la educación en afectividad y sexualidad. 
• Revisar los plazos de prescripción. 
• Mejorar la legislación sobre relaciones impropias y grooming. 
• Capacitar para detectar señales de alerta.