Lo prometido es deuda. Así se puede resumir el hecho que el abogado Boris Molina presentó ante la sede (en el país) de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos la petición de sanciones, que pueden ser económicas, políticas y jurídicas para el país por incumplir el mandato dado por esa instancia en el 2012 que lo obliga a permitir la técnica de Fertilización In Vitro (FIV) y de aprobar una ley que regule dicha materia.
Dentro de las consecuencias, comentó Molina, está el hecho que Costa Rica ingresaría a la lista de naciones que incumplen con los derechos humanos, cuando por años el país ha sido referente y ejemplo internacional de respeto y lucha por los mismos.
“La realidad es que tenemos 14 años de estar luchando por esto y solo la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos ha dado la razón y ha hecho algo por reivindicar los derechos de esas personas.
Lo que pretendemos es que tanto la Corte como la Organización de Estados Americanos (OEA) establezcan sanciones políticas, económicas y jurídicas, la más graves para Costa Rica y sobre todo, a partir de este momento Costa Rica estaría ingresando a la lista negra de países que incumplen con los derechos humanos”, afirmó Molina.
Según especificó don Boris, en el documento presentado ante la Corte, hacer un resumen de cómo han ido incumpliendo cada uno de los poderes del Estado en el tema de la FIV.
“El Ejecutivo se limitó única y exclusivamente a hacer los pasos que le correspondía porque eran muy poquitos. Presentó un proyecto de ley que de por sí era polémico a la Asamblea Legislativa, se quitó esa brasa y la pasó a la Asamblea Legislativa que ha sido el poder más ineficiente de todos, porque tuvo casi un año y no hicieron nada. Los diputados fueron tan irresponsables que el último día antes de irse de vacaciones rompieron el quórum para no tomar una decisión.
El Poder Judicial tuvo la oportunidad, a través de la Sala Constitucional, en estos amparos que metimos después del 20 de diciembre y tampoco hizo nada, más bien nos dio la espalda rechazando los recursos que pretendía que cumpliera la Sala Constitucional con el mandato de la Corte Interamericana”, reiteró Molina, quien manifestó que la respuesta a la gestión presentada no estaría en menos de seis meses.