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Como una burla al trabajador. Así ve la Confederación Rerum Novarum el anuncio que hace el gobierno de que al final sí hará el ajuste salarial al servidor público, pero no sabe cuándo.
DIARIO EXTRA cuenta con una copia del oficio Mideplan-DM-OF-0616-2020 firmado por la ministra de Planificación y Política Económica, Pilar Garrido, y el director general del Servicio Civil, Alfredo Hasbum.
En este se indica: “En concordancia con la suspensión emitida mediante el Decreto 42286 –MTSS-H-Mideplan, el aumento salarial definido se hará efectivo, pero quedando en espera de que mejoren las condiciones económicas del país”.
Aclaran que se va respetar que el pago se debe hacer retroactivo al 1 de enero de 2020. La nota es del 2 de junio de 2020. El costo del ajuste rondaría los ¢14 mil millones.
Mario Rojas, secretario general de la Confederación Rerum Novarum, considera que esto es una burla al trabajador, pues el pago debió hacerse mucho antes de que llegara la pandemia.
“Usan la emergencia como mampara para no pagar lo que deben. Lo que están haciendo es un abuso con el trabajador público. El gobierno está cometiendo errores al tomar medidas verticales sin recurrir al diálogo social. Me parece que esto es una estrategia de este gobierno”, manifestó.
Con respecto al oficio de la Procuraduría donde dice no se puede revocar el ajuste salarial acordado en diciembre de 2019, sino que habría que derogar el decreto, Rojas considera que la administración entró en razón en cuanto a la ilegalidad de lo que haría.
La Procuraduría General de la República le dice a Hacienda que el ajuste se convirtió en un derecho desde que hubo un acuerdo en el Consejo Nacional de Salarios y para eliminarlo debían derogar el decreto.
“Simplemente se dieron cuenta que iban a cometer una ilegalidad. Hicieron una valoración jurídica y entran en razón. Lo que se podía venir era un accionar de las organizaciones, que iba a costar miles de miles de millones al Estado. Hubiéramos terminado en un Tribunal Laboral o en el Contencioso”, agregó Rojas.