A pesar de que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Banco de Costa Rica (BCR) firmaron el acuerdo de terminación anticipado para concluir con el fideicomiso de ruta 1, carretera San José-San Ramón, se seguirá pagando los honorarios a la unidad ejecutora.
Así lo indicó Efraím Zeledón, viceministro de Obras Públicas, ente la Comisión Especial de Desarrollo de Infraestructura de la Asamblea Legislativa, al hacer un recuento de cómo evolucionará dicho gasto de aquí a la entrega final de ese modelo de ejecución de la obra, en diciembre de 2024, cuando se realice una auditoría externa.
Zeledón explicó que en el contrato original se le pagaban cerca de $178.000 mensuales (más de ¢96 millones) por concepto de salarios a la unidad ejecutora del BCR.
Sin embargo, de acuerdo con el viceministro, para octubre este monto bajó a $157.000 (más de ¢85 millones), entre noviembre y junio bajó a $67.000 (¢36 millones) y de julio a diciembre el pago será de $32.000 (¢17 millones).
Es decir, entre agosto, cuando se llegó al mutuo acuerdo de finalización del fideicomiso, y el cierre definitivo de este, a finales de 2024, el Gobierno pagará a la unidad ejecutora del BCR $1.331.000 (unos ¢722 millones).
“Este acuerdo de terminación, más allá de ordenar la casa, como decimos, estaba reduciendo los honorarios de fiducia y de administración hasta en un 80%”, explicó Zeledón.
FIN DE CONTRATO
El viceministro agregó que entre agosto de este año, cuando se firmó el acuerdo, y junio de 2024 se cerrarán todas las contrataciones vigentes en el proyecto de la carretera a San Ramón.
Asimismo, de junio a diciembre de 2024 se hará la liquidación del patrimonio del fideicomiso y el cierre financiero y contable. Este periodo comprende la transferencia de los activos y el fondo de capitalización.
“Así como los montos remanentes de los fideicomitentes, el MOPT y Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para finalizar con auditoría externa”, señaló.
Es decir, se le entregará al Gobierno el dinero que quede del fideicomiso.
Zeledón comentó también que la Contraloría General de la República señaló problemas para ejecutar parte del proyecto, como las obras en El Coyol y las obras impostergables (OBIS), debido a “la falta de aprobación de estudios de prefactibilidad, problemas con la estructuración financiera, la viabilidad técnica social y ambiental, el alcance de los cronogramas y la cantidad de expropiaciones”.
Sin embargo, dijo que la finalización por acuerdo mutuo no representó un nuevo gasto para el Estado porque no se generó compromiso por pago de lucro cesante ni indemnizaciones al BCR, lo que tampoco requiere refrendo contralor.
OTRO FIDEICOMISO
Zeledón confirmó también que la gestión financiera del nuevo proyecto se realizaría a través de un “fideicomiso de administración de flujos” con los recursos del pago de peajes.
“Lo que se busca es que el fideicomiso administre los peajes y el patrimonio actual del fideicomiso (del BCR). Si algo sí hizo bien el Banco de Costa Rica fue la administración de los fondos que se le asignaron para ese fin”, declaró.
“El tema de los peajes no iría a caja única, sino que se buscaría que vaya a un fideicomiso especializado para eso, una gestión técnica donde haya personal de apoyo y supervisiones y verificaciones de calidad”, comentó.
De igual manera, Zeledón expuso que las obras se financiarán con un crédito del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el cual será ejecutado por el MOPT o el Conavi.
Por último, expuso que se realiza una nueva definición del proyecto, para lo cual se contrató a una empresa consultora que lleva a cabo una reingeniería y revisión de los anteproyectos.
Esta consultoría tiene un costo de $1 millón, según dijo Zeledón, y es pagada gracias a cooperación no reembolsable del BCIE.