Pagan ¢384 millones y no reciben viviendas

La inmobiliaria Loma Verde de Tamarindo Investments enfrenta tres denuncias penales por aparentes incumplimientos en la entrega de viviendas de un desarrollo habitacional en Santa Cruz.

Diario Extra tuvo acceso a los documentos, donde se indica que los presuntos afectados firmaron contratos para la compra de terrenos segregados y la construcción de viviendas de lujo. 

No obstante, las obras debieron entregarse hace más de 20 meses y, a la fecha, presentan avances de apenas un 15% en algunas unidades.

“En 2022, los hermanos Arias iniciaron el proyecto. A los compradores les agradó el lote, negociaron el precio y firmaron un contrato. Este incluía cláusulas que simulan un contrato de construcción, sin serlo realmente. En todos los casos se establecía un plazo aproximado de 18 meses para la entrega”, explicó el abogado Daniel Espinoza, representante de los afectados.

Los compradores originarios de Canadá y también de Costa Rica pagaban cuotas mensuales para cancelar el valor de los terrenos. A pesar de haber desembolsado alrededor del 90% del total, en varios casos las construcciones no superan el 40% de avance y los terrenos aún no han sido traspasados a su nombre.

De la denuncia se extrae que el proyecto sería administrado por dos hermanos de apellidos Arias. 

“El señor Arias me puso en contacto con su abogado, quien se limitó a decir que no logró gestionar los permisos de construcción a tiempo y que tuvo fallas de comunicación con sus clientes. Desde ese momento me quedó claro que nos enfrentamos a una estafa”, agregó Espinoza.

Infraestructura incompleta

Debido a la ausencia de respuestas y avances, los denunciantes contrataron a la firma Araica para realizar un peritaje técnico en el proyecto. El informe reveló algunas deficiencias como: viviendas sin ventanas, puertas, techos ni cercas, además de paredes inconclusas.

“Para este proyecto no se facilitaron planos de construcción detallados. Solo se entregó un plano en perspectiva del diseño y un plan maestro, lo cual, desde nuestra perspectiva técnica, es claramente insuficiente”, señala el documento del que este medio tiene copia.

Asimismo, se advierte sobre un posible sobrecosto: para concluir una de las viviendas se estima necesaria una inversión adicional de $50.000 (aproximadamente ¢25 millones).

“El alargamiento en los cronogramas de construcción conlleva incrementos en los costos por inflación, alzas en materiales y salarios. Esto termina afectando directamente al comprador, comprometiendo su planificación financiera”, concluye el reporte. 

“Es una experiencia horrorosa”

Diario Extra conversó con el canadiense Peter Buonomo, uno de los denunciantes, quien calificó la experiencia como “horrorosa”, destacando la nula comunicación por parte de los responsables del proyecto.

“No responden mensajes ni llamadas. Cada vez que consulto por plazos o materiales, el silencio es total. Esta situación nos ha generado gran estrés, hemos perdido dinero y no tenemos vivienda”, lamentó. Buonomo relató que él y su familia, su esposa y sus padres, emigraron a Costa Rica con la esperanza de iniciar una nueva vida. “Somos una familia de cuatro. Vinimos con ilusión, pero ahora estamos aprendiendo el idioma, montando un negocio y lidiando con este desastre financiero y emocional”, señaló.

Sin respuestas 

Este medio contactó a uno de los hermanos Arias, denunciado y fiscal de BM Consultores y Constructores, firma a cargo de la obra. Tras varios intentos, únicamente respondió que: “todos los casos están en negociación con los abogados para terminar las construcciones”.

Arias lanzó una advertencia: “Les aconsejo hablar con los supuestos afectados o sus abogados antes de publicar un reportaje que podría perjudicarlos a ustedes como medio”.

Su hermano figura como presidente de Loma Verde de Tamarindo Investments, además de tener vínculo con la empresa constructora mencionada.

En mora

Según constató Diario Extra, mediante consulta de la cédula jurídica de BM Consultores y Constructores, la empresa arrastra deudas con varias instituciones públicas:

• Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS): ¢144 millones

• Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf): ¢6 millones

Fuente: Consulta a instituciones